Municipalismo frente a autonomía: ¿intereses rivales?

Se refería hace unos días en estas mismas páginas Agustí Fancelli a la soledad del alcalde de Barcelona reclamando en la tribuna de las Naciones Unidas en Nairobi mayor autonomía para los gobiernos locales. Es fácil imaginar que sus palabras pareciesen preocupaciones de ricos a una audiencia agobiada por los problemas que les plantea este mundo desbocado en que vivimos. Pero tiene razón el alcalde Clos. Es necesario dar mayor capacidad a nuestros gobiernos locales para enfrentarse a desafíos y necesidades como las migraciones, las nuevas formas de pobreza, la precarización del mercado de trabajo, la reducción del tamaño y nuevas formas de familia, o los cuidados de larga duración de las personas. Pero no va a ser fácil.

Los municipios gestionan el 12% del gasto público, lo mismo que en 1980. Otros países han crecido, pero España se ha quedado estancada. La causa tal vez esté en el afianzamiento de los gobiernos autónomos

Sin embargo, el momento es oportuno para que en España se ponga en marcha una segunda descentralización, ahora en favor de los ayuntamientos. Oportuno, porque está llegando a su fin la primera descentralización, que tuvo lugar a partir de la Constitución de 1978 y que se hizo en beneficio exclusivo de los nuevos gobiernos autónomos. Oportuno también, porque este año hay que abordar la revisión del modelo de financiación de las comunidades autónomas. Es un buen momento, por tanto, para contemplar en su conjunto el modelo de financiación de las haciendas territoriales, incluyendo las locales, y vinculándolo a una mayor racionalidad en el reparto de papeles acerca de quién ha de hacer qué en la provisión de servicios sociales a la población y en la promoción económica del territorio.

Esta distribución de papeles entre gobierno central, autónomo y local presenta anomalías en el caso de España. Para comprobarlo, basta con fijarse en el reparto del gasto público. Los ayuntamientos gestionan alrededor del 12% del gasto público total. Más o menos lo mismo que en 1980. Nada parece haber cambiado en 20 años, desde la llegada de la democracia. La anomalía de esta situación resulta evidente si la comparamos con la de los países avanzados en la mitad de la década pasada: el 25% en Estados Unidos y entre el 18% y el 20% en Alemania, Austria y Canadá.

El camino que se debe seguir parece, por tanto, claro. En ese sentido apuntan también las conclusiones de un excelente estudio del profesor Esteve Oroval y sus colaboradores sobre la participación de las corporaciones locales en la provisión de servicios sociales, publicado por el Ayuntamiento de Barcelona.

¿Por qué es tan difícil, entonces, avanzar en este camino? Mi percepción es que, hoy por hoy, las mayores resistencias que se oponen en España a esa descentralización local vienen de las fuerzas y grupos políticos que se han visto favorecidos con la aparición de los nuevos gobiernos autónomos. Esas fuerzas han elaborado un nacionalismo interesado en retener la gestión de los recursos públicos y la provisión de servicios en el nivel autonómico. De ahí que ese nacionalismo aparezca hoy enfrentado al municipalismo. Los intereses que subyacen a ambas fuerzas son diferentes. Mientras que el municipalismo es una respuesta funcional a las necesidades de ciudadanos, el nacionalismo autonómico actúa, en muchos sentidos, como la nueva estructura ideológica y política de los intereses ruralistas y provincialistas que en el viejo régimen canovista-primorriverista-franquista actuó a través de las diputaciones. Ruralismo frente a ciudad. Territorio frente a ciudadanos. Una especie de renovada tensión entre el poder feudal basado en el territorio y la libertad de las ciudades.

¿Podemos pensar que un mayor poder para los ayuntamientos mejorará la capacidad de resolución de problemas y la calidad de vida en las ciudades? Parece que sí. Un mayor peso y liderazgo de los gobiernos locales favorece políticas de mayor calidad en aquellos problemas que de forma más directa se relacionan con la calidad de vida y la capacidad de crecimiento de los entornos locales. Los expertos apuntan una hipótesis: a mayor descentralización, mayor participación ciudadana en la solución de problemas, y mejores resultados de las políticas. Los estudios de Robert Putnan y sus colaboradores a partir del caso de Italia han sido un hito en este sentido. La idea es que la participación mejora el 'capital social' -entendido como el conjunto de pautas de cultura cívica, proclividad al asociacionismo, o la tendencia a involucrarse en los problemas comunes- de cada colectividad. A mayor capital social, mejores resultados. Esta idea está afianzando una nueva teoría del desarrollo que da un papel muy fuerte a la participación ciudadana. La descentralización hacia los poderes locales va en esta dirección.

Antón Costas es catedrático de Política Económica de la UB.