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Polémica en Brasil por el uso de habitantes de las 'favelas' como escoltas en barrios acomodados

Desde hace tiempo, era práctica habitual, aunque sigilosa, en los barrios donde se congrega la clase media de Río de Janeiro -Ipanema, Copacabana, Gavea, Leblon, Tijuca- y que tienen una favela en las costillas. Ante la ineficiencia de la policía del Estado, incapaz de evitar los continuos asaltos a sus pisos y a las personas, los moradores decidieron servirse de la ayuda de gentes de las favelas para su propia defensa, pagando cada uno una cuota.

Sólo cuando el hecho ha saltado a la opinión pública a través de una información del diario O Globo , se ha levantado la polémica a nivel nacional. Los pareceres están encontrados, incluso entre los policías, sociólogos, antropólogos y religiosos. Están surgiendo defensores y detractores de la iniciativa, que sin duda es delicada y controvertida.

Los opositores piensan que pagar a esas gentes de las favelas para que vigilen el barrio e impidan a los violentos de la misma favela actuar contra la propiedad y contra las personas es simplemente una forma de chantaje insostenible que supone una derrota de las fuerzas del Estado responsables de la seguridad de los ciudadanos. Alegan también que puede ser doblemente peligroso, ya que estos vigilantes acaban conociendo la vida y milagros de los ciudadanos a los que cobran para proteger, sin saber si ellos mismos no acabarán pasando dicha información a los traficantes de droga que podrían actuar con mayor conocimiento de causa contra ellos.

Además, una parte de la policía alega que se trata de algo totalmente ilegal y clandestino que, si es descubierto, tiene que ser castigado según el Código Penal. Pero así opina sólo una parte de la policía, ya que, por ejemplo, el Comandante del Grupo de Policía de las Áreas Especiales (GPAE), Antonio Carlos Carballo, ve en esta iniciativa una forma de unir la famosa "ciudad partida", haciendo alusión al famoso best seller del escritor Zuenir Ventura, que describió a Río de Janeiro como una ciudad dividida en dos: la de las favelas y la de los ciudadanos que sufren su violencia. Alegan que es preferible que estos jóvenes trabajen para la comunidad antes de que sean captados por los narcotraficantes.

Entre los antropólogos, los pareceres están también encontrados: según Alba Zaluar, la oferta de seguridad por parte de las gentes de las favelas significa "una forma de intimidación de la clase media". Por el contrario, su colega Gilberto Velho defiende esta relación entre los favelados y los moradores del asfalto afirmando que la idea de la colaboración entre ambos es válida y aconseja que sea el poder público quien haga de mediador para que no se convierta en una iniciativa clandestina e ilegal.

Para un buen número de sociólogos, sería una forma de dar trabajo a muchos de esos jóvenes de las favelas y que, al menos, evitaría en los barrios de clase media toda una serie de acciones delictivas, como asaltos y robos a las personas en la calle por parte de bandas de adolescentes a los que ellos podrían controlar y hacer frente.

Según la psicóloga Maria Luiza Matheus, el secreto es que esas personas de las favelas escogidas para la defensa de los moradores de los barrios acomodados carezcan de antecedentes penales y que no estén ligadas a los traficantes y violentos de dichas favelas. Pero otros psicólogos se preguntan si eso no es pura utopía y si esos vigilantes no acabarán también ellos aliados de los traficantes.

Por su parte, la Iglesia Batista de Ipanema, que había sido indicada como una de las instituciones que se servían para su defensa de las gentes de las favelas, lo ha negado rotundamente. El pastor Josiel Berto, que ya ha sido objeto de varios ataques contra su persona, afirma tajantemente: "Es función del Estado y sólo de él proteger al ciudadano. Eso es el abc de la convivencia social". La polémica, mientras, continúa.

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