El arzobispado cierra un colegio con 217 alumnos para convertirlo en seminario

El arzobispado de Madrid ha decidido desmantelar el centro concertado de enseñanza primaria Nuestra Señora del Carmen, que cuenta con 217 alumnos, y convertir el edificio en un seminario menor para formar futuros sacerdotes.

El problema se agrava porque la Consejería de Educación ha advertido al colegio de que no le renovará el concierto (el dinero que aporta la Comunidad para financiar la enseñanza en centros privados), ya que la titularidad del inmueble ha cambiado de manos. Los chavales serán llevados a otros centros de la zona.

En diciembre de 1989, las Hermanas Carmelitas de la Caridad cedieron el uso del edificio del colegio Nuestra Señora del Carmen (en la plaza de San Francisco, 5, distrito Centro) a la Sociedad Anónima Laboral San Francisco Seis, integrada por seis docentes del centro. El acuerdo permitía la continuidad de este colegio concertado, que funciona desde mediados del siglo XIX, pero establecía que la congregación se reservaba 'la facultad de rescindir el contrato relativo a la cesión de uso (...) preavisando al cesionario con un curso de antelación'.

Nueve años después, en septiembre de 1998, la superiora provincial de la congregación, Antonia Blanco Fernández, comunicó al presidente de la sociedad y director del centro, Pablo Heras, su intención de rescindir el contrato con el colegio, que tiene 217 alumnos y 16 docentes, a inicios del curso escolar 1999-2000. Sin embargo, a juicio de Heras y de los profesores, se está violando el contrato, que establece que, 'en caso de desavenencia, ambas partes se someten a la jurisdicción de los tribunales de Madrid'.

En diciembre de 1999, el arzobispado y las carmelitas formalizaron la escritura de compra del edificio, de tres plantas y estilo neomudéjar, por 300 millones de pesetas, según Luis Centeno, miembro del equipo de abogados de la Federación de Religiosos de la Enseñanza (FERE) y representante de ambos. En él pretende crear un seminario menor; es decir, un centro educativo masculino para desarrollar vocaciones. Sin embargo, explica Heras, el arzobispado no ha comenzado a abonar esta cantidad porque para ello el edificio tiene que estar vacío. Centeno, por su parte, asegura que 'el colegio no ha aceptado ningún tipo de negociación'. Se les llegaron a ofrecer ocho millones de pesetas, 'además de la posibilidad de recolocarles en otros centros', añade.

'Somos, ante todo, docentes, y queremos que continúe el colegio', explica Heras. Y agrega: 'Hemos entrado en una lucha legal para permitir que así sea'. El pasado 27 de mayo presentaron en el decanato de los juzgados de instrucción una denuncia por presuntos delitos de estafa, coacciones, falsedad en documento público y realización arbitraria del propio derecho contra las carmelitas y el arzobispado.

Pero su sorpresa fue aún mayor cuando recibieron un escrito del director de Centros Docentes de la Comunidad, Amador Sánchez, el pasado 14 de febrero. En él se establece de forma taxativa la imposibilidad de acceder a la renovación del concierto (que se revisa cada cuatro años) por 'la pérdida del título jurídico de los inmuebles afectados por el centro educativo'. 'Lo tengo clarísimo. La Secretaría General Técnica ha presentado un informe por el que la escritura de compra enviada por el arzobispado es perfectamente legal', aseguró el viceconsejero Juan Carlos Doadrio. Mañana, martes, Doadrio mantendrá una reunión con la FERE para 'recolocar a los alumnos en otros centros públicos y privados'. Algo complicado por la falta de plazas escolares para primaria que hay en esa zona.

Esto no ha hecho sino levantar las iras tanto de la Sociedad Laboral como de la asociación de padres del colegio (APA). 'Lo sorprendente es que la consejería ya haya tomado partido por el arzobispado sin querer escuchar nuestro lado y sin que los tribunales hayan decidido quién tiene derecho a utilizar el edificio. Educación le está haciendo el trabajo sucio al arzobispado para que no se vean en la obligación de desalojarnos', aseguró Ángela Urtueta, que pertenece a la sociedad laboral. Y Ana Hernández, miembro del APA, apostilla: 'Como padres, nos asiste el derecho de elección de centro, y todos hemos elegido éste'.

Adolfo Navarro, portavoz socialista en la Comisión de Educación de la Asamblea, criticó con dureza la actuación de la consejería. 'Una vez más, Gustavo Villapalos [consejero de Educación] se ha puesto del lado del arzobispado, en vez del de las familias', afirmó. 'Cuando se gastan miles de millones de pesetas en conciertos innecesarios, es inconcebible que se le niegue a éste, que está en una zona con una gran necesidad de plazas'.