Defensa ofrece a los últimos reclutas más de un millón por alargar su mili a un año

'Señoras y señores, se acaba la mili'. Con estas palabras anunció ayer el ministro de Defensa, Federico Trillo-Figueroa, la aprobación del decreto que fija el 31 de diciembre de este año como fecha de supresión del servicio militar obligatorio. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Trillo-Figueroa confirmó que su departamento se dirigirá por carta a 1.039.625 jóvenes, que actualmente se encuentran pendientes de clasificación o en prórroga, para comunicarles que pasan directamente a la reserva y quedan eximidos de sus obligaciones militares.

Pero la novedad de la comparecencia fue el anuncio de que se ofrecerá a los últimos reclutas forzosos la posibilidad de prolongar hasta un año los nueve meses que dura la mili a cambio de una retribución global de 1.200.000 pesetas. Con esta medida, dijo, el Gobierno ha querido tener un 'gesto' con quienes 'voluntariamente han decidido cumplir su servicio militar'. El ministro tuvo un lapsus, pues desde el punto de vista legal no hay tal voluntariedad, aunque sí en la práctica, pues no llegan a dos de cada diez los mozos llamados a filas que acuden a los cuarteles.

Entre enero y febrero, las Fuerzas Armadas reclutaron a menos de 10.000 de los 75.000 soldados de reemplazo previstos y el último llamamiento de la mili, que se está desarrollando este mes, no presenta mejores perspectivas.

Defensa ha decidido hacer de la necesidad virtud e intentar convencer a los últimos quintos de que se enrolen como profesionales. Se trata, según fuentes de dicho departamento, de ofrecerles un contrato especial de sólo 12 meses de duración, en lugar de los 18 como mínimo del contrato normal. Para ello, Defensa no tendrá que aumentar su presupuesto, pues el vigente prevé el pago a 85.000 profesionales y hasta ahora sólo se ha conseguido contratar a 75.000, por lo que hay un margen de 10.000.

Trillo-Figueroa no fue ayer muy explícito sobre los beneficiarios de esta oferta, que en principio dirigió a los 13.000 mozos que deben incorporarse este mes. Las fuentes consultadas indicaron, no obstante, que por un elemental principio de no discriminación lo lógico es que se ofrezca a todos los reclutas forzosos actualmente en filas -14.000 a fecha 1 de marzo-, incluidos los procedentes de los últimos llamamientos del año pasado. La oferta de Defensa no supone convertir en retribuidos a los últimos reclutas forzosos -cuyo sueldo está congelado en 1.500 pesetas mensuales desde hace cinco años- sino ofrecerles una vía especial para hacerse profesionales. El verdadero objetivo es ampliar el número de potenciales aspirantes al Ejército profesional, que tiene ofertadas hasta el próximo jueves sus 5.500 primeras plazas de este año.

De otro lado, el Consejo de Ministros concedió ayer la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo, a título póstumo, a nueve personas, ocho asesinadas por ETA y una por los GRAPO. Además, el Consejo adoptó estos otros acuerdos:

- Mal de las vacas locas. Autorización de gasto de 2.435 millones de pesetas para la retirada y eliminación de animales muertos por encefalopatía espongiforme en el primer semestre de 2001.

- Daños por las lluvias. Aprobación de 1.500 millones de pesetas para reparar los daños causados por las últimas lluvias en Castilla y León, Galicia, Andalucía, Comunidad Valenciana, Aragón y Cataluña.

- Extradición de Gadafi. Nueva petición a Francia de extradición de Juan Carlos Iglesias Chouzas, Gadafi, ahora por la colocación en 1992 de una bomba en la puerta de la casa de un empresario que se negó a pagar el chantaje de ETA.

- Nombramientos. Dolores de la Fuente Vázquez, subsecretaria del Ministerio de la Presidencia; José Ángel López Jorrín, embajador de España en la República de Bulgaria; Eugenio López Álvarez, secretario general técnico del Ministerio del Interior; y Miguel Osuna Molina, delegado especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Cádiz, tras el abandono de Manuel Rodriguez de Castro por las acusaciones de incompatibilidades y gastos excesivos.