El fiscal pide 5 años de prisión por estafa para tres empresarios

La Audiencia de Valencia juzgará a partir del próximo día 14 un supuesto delito de estafa sucedido durante la campaña citrícola de 1988-1989. En el banquillo de los acusados se sentarán tres empresarios de Algemesí a los que el fiscal les pide cinco alos de prisión como acusados de un delito de estafa continuada. Según el fiscal, los empresarios impagaron cosechas de naranja a 104 personas de la Ribera.

La suma de dinero estafado asciende a 65.381.415 pesetas. Según el fiscal, Vicente F. y Vicente Ll., este último gerente de la empresa Expasol, 'decidieron utilizar una segunda sociedad para su lícita finalidad lucrativa y así entraron en conversaciones con el otro acusado, Juan S., decidiendo entre todos la adquisición por parte de Juan S. de las participaciones sociales de la empresa constituida' a la que llamaron Fruitverd.

La empresa fue inscrita el 28 de octubre de 1988, momento en el que comenzaron las compras de narajas en los términos de Algemesí y Alzira para exportarlas a Francia y Alemania. El fiscal argumenta que desarrollaron dicha actividad a pesar del nulo conocimiento del negocio por parte de Juan S., valiéndose de los contactos de Expasol, de la licencia de exportación de esta sociedad, del local y de los trabajadores de la misma.

El ministerio público asegura que los empresarios crearon un clima de absoluta confianza entre los agricultores durante la campaña de 1988/89 para que estos últimos volvieran a venderles sus naranjas al año siguiente 'aceptando condiciones diferentes a las iniciales' y 'llegando Fruitverd a incrementar las compras y ventas respecto a la cosecha anterior'. El ministerio público asegura que actuaron aun a sabiendas de que no pensaban pagar las cosechas y que los beneficios obtenidos se ingresaron en cuentas de Expasol. En la operación resultaron también estafadas las empresa de fabricación de cajones Mafrisa y la transportista Agrotrans.

Vigilancia en los campos

Por otro lado, la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA) exigió ayer a la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Carmen Mas, una actuación 'efectiva' de las fuerzas de seguridad en los campos ante el incremento de robos de variedades tardías de cítricos en los municipios de Picanya y Torrent.

Según ha podido saber AVA, entre los destinos de la mercancía robada estarían supuestamente unos complejos que la reciben y la reexpiden. Sin embargo, a pesar de que AVA ha informado de esta presunta irregularidad, se encuentran 'paradójicamente respaldados por poseer una licencia de apertura'.

En esta presunta actuación ilegal coincidirían tres hechos delictivos: el robo de cítricos, el fraude a Hacienda y a la Unión Europea, puesto que el destino final de las naranjas robadas son para la industria transformadora, hecho este último que consistiría en aprovecharse supuestamente de la subvención comunitaria por destinar cítricos para zumos o conservas, de las cuales se beneficiaríasn hipotéticamente otras personas que no son los agricultores.