La Fiscalía de Bolivia confirma que hubo soborno y cohecho en el 'caso Guiteras'

Pocas horas después de que el Senado boliviano decidiera mantener la inmunidad parlamentaria para el ex ministro y miembro de la Cámara Walter Guiteras, la fiscal que investiga la presunta implicación del político en actividades delictivas, confirmó la existencia de un soborno cometido el mes de enero último.

Si el pasado lunes Guiteras era arropado por sus compañeros de Cámara, en la mañana de ayer la Fiscalía de Distrito de La Paz hacía públicas sus conclusiones y solicitaba el procesamiento de cuatro policías implicados, a su entender, en un delito de soborno y tres de cohecho. El acusado de haber sobornado a sus compañeros es el teniente Renato Bellota adscrito al cuerpo de seguridad del ahora ex ministro Guiteras.

Los otros tres implicados son agentes de la Policía Técnica Judicial que se encontraban de servicio cuando se produjeron, en la madrugada del día dos de enero, los hechos que dieron lugar a la dimisión de Guiteras: una supuesta agresión a su esposa en el interior del domicilio familiar.

El soborno está grabado

La Fiscalía se ha basado para solicitar el procesamiento de los agentes en la cinta que grabaron dos de ellos mientras tenía lugar el soborno, en el interior del coche oficial del escolta del todavía ministro. En ella se recoge la escena de la entrega de 2.000 dólares a los dos agentes de mayor graduación y de 1.000 al policía de la escala básica Eustaquio Achu. Éste y uno de los oficiales, Jesualdo Choque, entregaron en enero el dinero de forma inmediata a la Defensora del Pueblo, al tiempo que hicieron público el hecho y entregaron la grabación magnetofónica. El tercer agente, la sargento Sthael Larrea, que el día en que tuvo lugar la presunta agresión de Guiteras a su mujer se negó a dar curso a la denuncia que la esposa del entonces ministro de la Presidencia pretendía presentar, negó en todo momento haber sido sobornada. Sin embargo, la Fiscalía cree que miente.

En su escrito de conclusiones, la fiscal instructora, Corina Machicado, da por hecho que "este problema se origina por un conflicto intrafamiliar de la familia Guiteras". Entiende, además, que el soborno se produjo para tratar de que no salieran a la luz los datos sobre lo ocurrido en casa del ministro y que ya había sido desvelado por el periódico popular Extra, al día siguiente del suceso. El rotativo ponía de manifiesto que la esposa de Guiteras de madrugada, con ropa de cama y muy alterada había acudido a las dependencias que la policía paceña tiene en la zona sur de la capital boliviana. Allí quiso denunciar a su esposo, pero la actitud de la sargento Larrea impidió que se redactara formalmente una actuación contra su marido.

Guiteras arremetió después contra los medios de comunicación que denunciaron el hecho y trató de desviar la atención de su caso (amparado en una comisión del Senado que incluso quiso llamar a periodistas para que revelaran sus fuentes informativas) hacia un enfrentamiento prensa-poder político.