El PP se escuda en el vacío legal para no regular las antenas
Retevisión retira un repetidor instalado en Godella ante la presión del Ayuntamiento
Joan Ribó, portavoz de Esquerra Unida, agitó la 'alarma social' generada por los supuestos efectos nocivos de las emisiones radioeléctricas para exigir al Consell que tome cartas en el asunto de manera inmediata. Ribó sustentó su posición con alusiones a la glándula pineal y el cromosoma T-53; retó a Ripoll a instalar una antena repetidora sobre el tejado de su casa e indentificó al vicepresidente con un técnico al servicio de una empresa de telefonía móvil, en sintonía con oscuros intereses del Gobierno central.
El coordinador de EU subrayó las competencias del Consell en materia de salud pública; sugirió que el cierre del Instituto de Biotecnología de Alcalá de Henares responde a una estrategia diseñada por el PP para evitar disgustos en el ámbito sanitario; e invitó al vicepresidente a aplicar un elemental principio de precaución para evitar la desordenada proliferación de antenas de telefonía móvil hasta que los científicos se pronuncien sobre los efectos de las emisiones radioeléctricas.
El socialista José Pérez Grau se situó en otra frecuencia. Pérez Grau retó al Consell a asumir el liderazgo en el control de las emisiones radioeléctricas. El diputado socialista lamentó que el Gobierno central aún no haya terminado sus deberes, pero invitó al máximo responsable de la promoción de las nuevas tecnologías en la Comunidad Valenciana a asumir el liderazgo en la materia y sugirió que se debería constituir un organismo capaz de medir la energía asociada a las emisiones radioeléctricas para tranquilizar a la población. 'Tenemos que evitar que el fantasma de las radiofrecuencias ande volando por ahí', sintetizó Pérez Grau.
El diputado socialista elevó su discurso a cuestiones de salud por unos minutos, pero sólo para conceder que la Organización Mundial de la Salud apenas podrá emitir un dictamen solvente en torno a los efectos de las emisiones radioeléctricas en 2006. Pero también invocó el principio de prudencia y deslizó que la ausencia de regulación en materia de polución radioeléctrica se traduce en 'sumisión' de parte de la Administración a los intereses de las empresas de telefonía móvil.
Ripoll se limitó a recordar que las competencias sobre la regulación del espectro radioeléctrico corresponden al Gobierno central y recordó que la Generalitat tiene representación en el consejo estatal que trata la cuestión.
El vicepresidente rechazó la supuesta alarma social generada por las especulaciones en torno a los perversos efectos de los teléfonos móviles y estuvo a punto de pedir a Ribó el número de su aparato.
También esquivó el guante lanzado por el representante socialista y comentó que a los ciudadanos no les importa quién mida la energía que acompaña a las emisiones radioeléctricas, el Gobierno o el Consell, siempre que alguien vele por su efecto sobre la salud.
Ripoll bromeó sobre el principio de protección y defendió el modelo vigente: 'Los estudios recomiendan las distancias actuales'. Aunque concedió: 'Estamos abiertos a posibles modificaciones'.
Pero mientras el Gobierno central elabora un reglamento sobre la materia, el hecho es que decenas de Ayuntamientos valencianos han optado por resitringir la descontrolada proliferación de antenas repetidoras que soportan las comunicaciones a través de teléfonos móviles en sus respectivos términos municipales.
Ayer mismo, la empresa Retevisión retiró una antena ubicada en el centro urbano de Godella sin ningún tipo de autorización administrativa ante la presión ejercida por la corporación municipal que denunció el caso ante la autoridad judicial.
Andreu Moreno, concejal de Urbanismo de Godella por EU, celebró como un triunfo el desguace de la antena: 'Es una gran victoria del Ayuntamiento y de los vecinos, que hemos demostrado que si hay voluntad y perseverancia podemos conseguir triunfos importantes en un tema tan delicado como el de los efectos de las ondas electromagnéticas', declaró a Efe. Pero puso el dedo en la llaga cuando comentó: 'La falta de regulación específica obliga a los ayuntamientos a tomar medidas muchas veces con una venda en los ojos'.
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