El adelanto de las elecciones impide la renovación del Tribunal de Cuentas

El actual presidente del Tribunal de Cuentas, Rafael Iturriaga, tomó posesión de su cargo en marzo de 1998, aunque los tres años anteriores ejerció de vicepresidente. La ley de creación del tribunal especifica que el mandato de sus consejeros tiene una duración de seis años a contar desde el momento de su elección, y el de sus presidentes de tres. De esta forma, en marzo concluye el ciclo de todos.

Aunque no se hubiera disuelto el Parlamento (el lehendakari firmará el decreto el 20 de marzo), la obligación de que los consejeros sean elegidos por mayoría absoluta de la Cámara (38 votos) hubiera hecho muy difícil el cambio de tribunal. En las actuales circunstancias, ninguno de los dos bloques alcanza esos votos y la posibilidad de una alianza a tres bandas -por ejemplo, PNV-PSE-PP- es poco viable. Sin embargo, es precisamente esa fórmula la que funciona en la actualidad en el tribunal, con tres consejeros nacionalistas, tres socialistas y uno del Partido Popular.

Este equipo ha trabajado desde marzo de 1995, con la sustitución de dos consejeros y el cambio de presidente en 1998. Esto es algo previsto en la ley, puesto que el mandato del presidente se divide en dos periodos: en los primeros tres años ejerce el consejero que haya sido elegido por mayoría entre sus compañeros y en los tres años restantes es designado otro, que generalmente sale de un acuerdo entre los partidos que disponen de representación en el órgano fiscalizador.

Precisamente, el clima de crispación política impidió el año pasado la reelección de Xabier Markiegi como Ararteko, a pesar de que contaba con el beneplácito casi unánime del Parlamento. El PSE y el PP bloquearon el nombramiento, al reclamar los socialistas el derecho a proponer su adjunta, lo que no aceptó el PNV. Markiegi permaneció durante seis meses en funciones y, al mantenerse el desencuentro que preside las relaciones entre los partidos en el Parlamento a lo largo de la legislatura, el pasado otoño fue sustituido, también en funciones, por su adjunta, Martxe Agúndez. El nombramiento exige una mayoría cualificada: al menos 45 de los 75 diputados deben apoyarlo, estén o no todos presentes.

Desencuentros

Aunque las administraciones van cumpliendo poco a poco las recomendaciones del organismo auditor, la recta final de Iturriaga como presidente ha coincidido con una serie de desencuentros institucionales, especialmente con la Diputación de Vizcaya, el Servicio Vasco de Salud-Osakidetza y el Museo Guggenheim, con quien ha vivido el momento de mayor tensión tras la publicación, la semana pasada, del informe sobre la pinacoteca. El director del Guggenheim, Juan Ignacio Vidarte, ha acusado al órgano de fiscalización de 'manipulación descarada' de datos. Según Iturriaga, el Tribunal Vasco de Cuentas publica la fiscalización de las cifras, pero no emite su opinión sobre ellas. Durante sus tres años de mandato ha recordado en varias ocasiones que es fundamental ajustarse a los procedimientos administrativos en el uso de los fondos públicos, y el Museo Guggenheim 'se nutre de dinero público', recalcó.

La constitución del Tribunal de Cuentas fue aprobada en 1988 por el Parlamento vasco, del que depende por completo. En su corta existencia, ha tenido cuatro presidentes: la ex consejera socialista Milagros García Crespo, la nacionalista Asunción Macho, el también miembro del PNV Juan Luis Laskurain, que llegó al puesto en marzo de 1992, tras abandonar el Departamento de Hacienda de la Diputación de Vizcaya, y Rafael Iturriaga, que entró en marzo de 1998. De 1991 a 1995 fue viceconsejero de Seguridad Social del Departamento de Trabajo cuando la consejería estaba dirigida por el PSE.