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El 80% de las 1.300 causas de menores penados será archivado por la nueva ley

Un recurso de la fiscalía tiene parados los expedientes, que deberían resolverse antes del martes

Los jueces sostienen que la misión de revisar esos expedientes y aplicar a los menores los efectos beneficiarios de la nueva normativa compete a los fiscales. Éstos, en cambio, interpretan que, dado que se trata de jóvenes ya penados que están pendientes de purgar sus condenas, son los jueces quienes deben concluir la ejecución de las penas, acomodándolas a la nueva legislación.

La Ley del Menor -que sube la edad mínima para ingresar en prisión de los 16 a los 18 años- establece un plazo de dos meses para revisar las causas en que estén implicados menores ya penados. Pese a que el plazo expira el próximo 13 de marzo, aún hay en torno a 1.300 expedientes de menores sin revisar. Están a la espera de que la Audiencia dictamine quién debe acometer esa labor: si lo fiscales, que dicen estar agobiados de trabajo, o los jueces de ejecutorias.

Los citados expedientes se hallan ahora en los juzgados de ejecutorias de la plaza de Castilla, ya que los fiscales pidieron a los magistrados que los guardasen ellos mientras resolvía la Audiencia, porque en la fiscalía carecen de sitio para cobijarlos. De hecho, algunos calabozos de la nueva sede de la fiscalía, en Chamartín, están siendo utilizados ahora para guardar expedientes. El fiscal jefe de Madrid, Mariano Fernández Bermejo, ha llegado a calificar de 'zulos' estos calabozos.

El citado recurso, los problemas informáticos y la falta de medios técnicos y humanos para afrontar la avalancha de casos llegados con la nueva ley, según las quejas reiteradas del fiscal jefe, son los motivos del caos reinante en la sección de Menores. Se ha ampliado la plantilla de funcionarios y fiscales, pero los refuerzos 'no tienen ninguna experiencia', lamentan desde fuentes jurídicas.

Causas archivadas

En la fiscalía se sigue trabajando a marchas forzadas para que antes del próximo martes estén revisadas y adaptadas a la nueva ley las causas con jóvenes que están aún presos, pero que deben beneficiarse de la nueva norma porque cometieron el delito cuando tenían entre 16 y 17 años. Entre ellos, por ejemplo, está el caso de una muchacha condenada a 15 años de cárcel por haber intervenido en una agresión sexual junto a unos amigos. Como éste hay otros muchos casos.

Cuando entró en vigor la ley, hace ya 53 días, había en Madrid 29 jóvenes encarcelados de forma preventiva. Para regularizar la situación de éstos, la ley fijó un plazo de 48 horas, que sí fue cumplido. Parte de ellos quedaron en libertad y otra parte fue conducida a reformatorios como el de El Pinar, recién habilitado al efecto. El problema, pues, radica en la revisión de las causas de menores penados. Para regularizar la situación de éstos (más de 1.300 expedientes), el plazo legal, que es de dos meses, no se va a poder cumplir. Fernández Bermejo es el primero en admitir que, por distintos motivos, va a resultar imposible cumplir el plazo que impone la legislación.

La mayoría de estos jóvenes penados, que delinquieron cuando tenían entre 16 y 17 años, se hallan libres ahora, pero cumpliendo penas (ya sean pagos de multas o indemnizaciones a sus víctimas).

El incumplimiento de este plazo tiene hoy consecuencias negativas para al menos el 80% de los jóvenes implicados en esos expedientes, ya que está previsto que en torno a ese porcentaje quede archivado cuando por fin se adecuen estos expedientes a la nueva ley. Si a un joven penado le queda por pagar parte de una multa y su caso entra dentro del 80% de los que se van a archivar, no tendrá que abonar el dinero que le reste. Algunos jueces ya se han adelantado a esta previsión y están exonerándoles de seguir pagando las multas. Y lo están haciendo porque la expiración del plazo de revisión de sus casos se aproxima y sus expedientes siguen sin adaptarse a la nueva norma por razones ajenas a ellos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 7 de marzo de 2001