Socialistas y PP evitan infligir la segunda derrota a Sudupe en una semana

La polémica sobre los presupuestos de Guipúzcoa aún colea, pese a que el Ejecutivo foral nacionalista decretó la prórroga de las cuentas el pasado 6 de febrero, que le permitirá gestionar 76.740 millones de pesetas. La discusión se centra ahora en la no presentación de un proyecto presupuestario, lo que a juicio de los tres partidos de la oposición constituye una 'ilegalidad' y una 'falta de respeto' a las Juntas.

El pleno del Parlamento provincial debatió una moción presentada por Euskal Herritarrok en la que instaba a Sudupe y a su Gobierno a cumplir con este trámite legal, para el que se otorgaba de plazo hasta el próximo 31 de marzo. Tanto el PSE-EE como el Partido Popular coincidieron en la necesidad que la Diputación presente un proyecto de presupestos, aunque en la votación del texto de EH ambos se abstuvieron.

Los socialistas no apoyaron la moción al calificarla de 'política'. 'Sólo votaremos con EH cuando se debata una propuesta práctica que beneficie a los ciudadanos', explicó su portavoz, Miguel Buen. El popular José Luis Arrúe justificó la abstención en que las fechas previstas en la moción 'no necesariamente son las idóneas'.

Mano tendida

El portavoz de EH, Xabier Olano, afirmó que su propuesta pretende evitar 'un hecho sin precedentes en los últimos 10 años en Guipúzcoa, que tampoco ha sucedido en Vizcaya, Álava y Navarra'. Añadió que la Diputación no puede quedarse 'de brazos cruzados', y criticó a PSE-EE y PP por hacer 'tongo político' por abstenerse en la votación tras estar de acuerdo con la moción.

Arrúe acusó al Gobierno foral de instalarse 'de espaldas a la legalidad'. A su juicio, la Diputación 'hurta' a las Juntas su derecho a ejercer el control de la gestión. El socialista Buen precisó que la solicitud de EH no obliga 'en nada' a la Diputación, porque 'para eso hay una norma foral de régimen económico y financiero que exige la presentación del presupuesto'.

Sudupe intervino al final del debate para defender la 'legalidad' de la prórroga presupuestaria y volvió a tender la mano a socialistas y populares para llegar a acuerdos económicos con vistas a dar cauce a los 4.000 millones de pesetas de ingresos que la Diputación no podrá gestionar con la prórroga.