El convenio entre Educación y Ciegsa elude fijar plazos para culminar las obras del mapa escolar

La empresa instrumental creada por el Consell para agilizar las 295 construcciones y adecuaciones educativas pendientes, de acuerdo con el mapa escolar, ha firmado un convenio con la Consejería de Educación, en el no se menciona ningún plazo de ejecución de las obras. El calendario de la LOGSE, sin embargo, obliga al Gobierno valenciano a tener las infraestructuras educativas listas en el 2003.

Eduardo Zaplana vaticinó en la última apertura del curso que la Comunidad Valenciana cumpliría las exigencias de la LOGSE antes que cualquier otra autonomía. Pero el convenio firmado el 5 de febrero por el consejero Manuel Tarancón y el gerente de la nueva empresa Ciegsa, Javier García-Lliberó, sólo establece que los edificios construidos por la empresa 'revertirán a la Generalitat, en su caso, a los Ayuntamientos respectivos, como fecha límite, el 31 de diciembre de 2015'. El documento relaja incluso ese plazo de acuerdo con las 'previsiones en la financiación' de las obras.

Ciegsa actúa como una empresa mercantil sujeta a derecho privado y, por lo tanto, podrá 'comprar, vender, permutar o hipotecar' los edificios construidos, que serán de su titularidad hasta que efectivamente los transmita. Una fórmula que sustentará la financiación de la sociedad de manera artificial, puesto que todos los costes serán finalmente asumidos por la Generalitat a través de la concesión de avales para que Ciegsa pueda asumir deudas que serán amortizados por vía del capítulo de inversiones educativas o a través de sucesivas ampliaciones de capital de la sociedad 'según más convenga en cada momento'.

En la práctica el convenio de Ciegsa parece caminar en sintonía con el borrador de Ley de la Calidad delGobierno Aznar, que introduce cambios sustantivos a las relaciones entre la Administración y los titulares de centros concertados, para que convertirlos en entidades de 'servicio de interés público' y así poder extender los conciertos a todos los niveles, incluídos los no obligatorios. Visto así, de aprobarse este nuevo marco legal estatal, las construcciones de Ciegsa no tendrían por qué estar vinculadas a cubrir servicios educativos en exclusiva.