La Junta invirtió 2.500 millones para cumplir la Ley del Menor, pero aún son necesarios 5.000 más

Las Lagunillas se ha convertido en el séptimo recinto de este tipo con el que cuenta la Junta, que tiene en funcionamiento centros en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Almería, El Puerto de Santa María (Cádiz), Córdoba, Málaga y uno específico para mujeres en Granada.

La aplicación de la Ley del Menor ha supuesto que más de 60 jóvenes pasen de las cárceles a centros de menores que gestiona la Junta. El consejero reclamó que se transfieran fondos 'para que este trabajo sea un triunfo para la sociedad'. 'Se trata de rehabilitar a jóvenes, no de convertir a jóvenes en más delincuentes', recalcó. Andalucía todavía necesita dos centros más de menores como el que ayer se inauguró en Jaén. Uno cercano a Almería y otro en la Bahía de Cádiz. Así, se completará la red de centros cerrados.

Pero, además, es necesaria la construcción de cinco centros más semiabiertos, y en cada una de las provincias centros de día. La nueva legislación intenta que los menores infractores no pasen automáticamente a centros de internamiento de alta vigilancia, como el de Jaén, por lo que se requieren centros de día y talleres ocupacionales.

'Todas estas acciones requieren aún un montante de unos 5.000 millones de pesetas en inversión, y después el mantenimiento de estos equipos', explicó Pérez Saldaña. El coste del mantenimiento de la red se calcula en 8.500 millones.

El centro de Las Lagunillas ha supuesto una inversión de 500 millones de pesetas, partida que se incrementará con la construcción de aulas y talleres de formación ocupacional e instalaciones deportivas. La capacidad inicial es de 20 plazas repartidas en 18 habitaciones individuales y una doble. La plantilla está compuesta por 50 empleados, entre los que se encuentran educadores, psicólogos, médicos y trabajadores sociales.

La gestión del centro correrá a cargo de la Fundación Diagrama Intervención Psicosocial, entidad que también se encarga del resto de los centros de reforma de menores de la comunidad. El centro está orientado al cumplimiento de las medidas judiciales de régimen cerrado y semiabierto que afecten a varones preferentemente de Andalucía oriental, para garantizar así la proximidad con su zona de residencia.

Pérez Saldaña defendió la gestión de la Consejería después de que el informe de la Cámara de Cuentas conocido el jueves indicase que los compromisos de pago de los programas de acción social de 1998 estuviesen en un 42%. 'El informe indica con claridad que llegamos al compromiso del 95%, altísimo, pero que en los pagos, que ya no dependen de la Consejería, se pudo llegar hasta el 45%'.