Caos en la justicia de Portugal

Alrededor de cincuenta reclusos portugueses iniciaron ayer una huelga de hambre contra la aplicación 'exagerada y discriminatoria' de la prisión preventiva. El responsable del Colegio de Abogados, António Pires de Lima, califica de 'inadmisible' que un tercio de los reclusos sea preventivo y afirma que esa situación demuestra que Portugal 'no es un país civilizado ni un Estado de derecho'. El presidente del Tribunal Supremo, Jaime Cardona Ferreira, criticó recientemente un sistema judicial 'excesivamente burocratizado y garantista', que se preocupa en demasía de los derechos de los procesados y se olvida de las víctimas.

La lentitud y, en muchas ocasiones, la ineficacia del sistema judicial portugués no es una excepción, sino la regla. Una reciente decisión del Tribunal Supremo provocó el archivo de centenares de casos, a los que deberá añadirse la prescripción de miles de sumarios en los últimos cinco años, entre ellos los relativos a importantes asuntos sobre corrupción política y económica. Una prueba evidente de la crisis del sistema la constituye el hecho de que la muerte en extrañas circunstancias del primer ministro portugués, Francisco Sá Carneiro, hace más de veinte años, haya pasado por seis comisiones de investigación parlamentarias sin llegar a juzgarse en los tribunales.

Otro ejemplo significativo para España lo constituye la apertura de una nueva fase de recursos administrativos y judiciales abiertos a favor del supuesto colaborador de ETA José Luis Telletxea Maia para reclamar su residencia en Portugal. Su extradición fue denegada a España en febrero de 1997 y, desde esas fechas, el laberinto judicial-administrativo portugués y la ausencia de coraje político del Gobierno para expulsarle por vía administrativa facilitan su permanencia en el país vecino.

El pasado lunes, el ciudadano portugués Manuel Subtil, de 47 años, inició una huelga de hambre junto a las instalaciones de la Radiotelevisión Portuguesa (RTP) reclamando una indemnización por un reportaje, emitido en 1990, en el que se le acusaba de dirigir junto a su esposa una empresa supuestamente relacionada con el tráfico de permisos de trabajo y residencia para emigrantes en Francia. Tras el reportaje, la empresa fue a la quiebra. Un tribunal le dio la razón en primera instancia, pero los responsables de la RTP están pendientes de un recurso al Tribunal Supremo.

La protesta emprendida ayer por cerca de cincuenta reclusos de tres centros penitenciarios contra el abuso de la prisión preventiva es la tercera en un mes. El representante de la Asociación Contra la Exclusión por el Desarrollo (ACED), Alte Pinho, afirmó que el sistema judicial emplea la prisión preventiva 'de forma discriminatoria', dado que la aplica fundamentalmente 'a pobres y personas de minorías étnicas'. El ministro de Justicia, António Costa, explicó que la reincidencia de los acusados provoca la alta tasa de reclusos preventivos y afirmó que sus protestas 'son contraproducentes', porque rechazará cualquier diálogo bajo amenazas.