Usuarios de centros públicos se unen contra el acuerdo entre la Comunidad y los discapacitados

Asociaciones de padres, familiares y representantes de discapacitados psíquicos de centros públicos de la Comunidad han formado una coordinadora cuyo objetivo es actuar contra el acuerdo sobre precios y tasas firmado por el resto de asociaciones de discapacitados y el Gobierno regional el pasado 15 de febrero. Dicho acuerdo establece que los disminuidos (salvo aquellos con ingresos mínimos) pagarán el 75% de la renta per cápita familiar para ocupar una plaza en una residencia, y el 37%, para acudir a un taller ocupacional, aunque el precio final no podrá superar la cantidad percibida como pensión por discapacidad. Hasta ahora, los escasos centros públicos eran gratuitos, mientras que en las residencias privadas, creadas generalmente por familiares de disminuidos, había que pagar.

El diputado regional del PSOE-Progresistas Eduardo Sánchez Gatell, cuyo grupo apoya a estos padres, advirtió de que la nueva coordinadora 'está dispuesta a ejercer todos los medios legales a su alcance', y aseguró que 'el 40% de las asociaciones de Feaps [la Federación que agrupa a la mayoría de las asociaciones de disminuidos psíquicos, y que firmó el acuerdo con la Comunidad] ha impugnado la asamblea en la que se decidió aceptar el nuevo sistema de tasas.