Ley de Extranjería
Hay que ver como se las gasta el Gobierno del PP. De pronto, y ante unas cuantas 'cositas', aparecen como ¿chulapos resultones de sus ascendientes políticos del régimen anterior?
El señor Aznar, sobre su mayoría absoluta, saca adelante su nueva ley de extranjería. Al poco de votar y aprobarla en el Congreso, las celebradas sonrisas en el banco azul, no eran de victoria, parecían más bien de desprecio a muchísimos millones de ciudadanos.
Bien, ya tienen su ley, que además de quebrar los derechos fundamentales de las personas, pretenden que suponga un jaque mate para el inmigrante, ya que, según la misma, todos los sin papeles deben ser expulsados (con billete pagado). Pero no, no van a cazar y expulsar al inmigrante (dicho por el propio ministro del Interior, Mayor Oreja). Es decir: siendo su obligación, no van a hacer cumplir la Ley. ¿A este disparate le llaman buen gobierno? Ante esta gravísima contradicción que deja a los inmigrantes sin derecho ni amparo, el Gobierno disfraza la expulsión-extradición, con una 'oferta' de billete para volver a su país y ambigua referencia a un hipotético regreso preferente documentado.
Según un informe (EL PAIS, 11-2-2001) figuran en el Inem y para varios sectores concretos (agricultura, construcción, hostelería, etc), 200.000 parados. Sin embargo hay 100.000 vacantes, que por su condición de puestos duros y/o baja remuneración, los nacionales no los quieren cubrir. Ante esto, ¿los argumentos del Gobierno no quedan en pura falacia?
Para obligarles a aceptar una invitación para ser expulsados, el Gobierno ha puesto en marcha todos los medios coercitivos para que agricultores, empresarios, etcétera no empleen a inmigrantes sin papeles, sin importales, por ejemplo, la pérdida de cosechas y toda la ruina familiar que supone.
Los agricultores para defenderse de la ruina deben perder infundados temores y atacar legalmente a la Administración. Ejemplo: Se necesitan 10 jornaleros. Se cumplimentan y firman 10 contratos de trabajo con impresos del Inem y con los nombres de 10 inmigrantes sin papeles. Se acude a la oficina del Inem, acompañado de dos testigos, y se solicitan 10 jornaleros del paro. De no facilitarlos, se presentan los contratos para su formalización, sellando la entrada. En su casa mandan ustedes y si el funcionario los deniega toman su nombre completo, se van al juzgado y denuncian al Inem por daños y perjuicios, reclamando el importe de las cosechas que se van a perder. El que suscribe, años ha, lo hizo personalmente, y bien plantado ante los peros disuasorios, no tuvieron más remedio que admitir el contrato. Conclusión: Defenderse es un derecho fundamental que ninguna ley puede impedir.-
