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Columna
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Campeón nacional

Jesús Mota

Durante algunos años, Aceralia, el grupo siderúrgico español privatizado en la primera gran oleada del Gobierno del PP, ha permanecido en un silencio periodístico espeso. Pero de repente su fusión con Usinor y Arbed ha desatado euforias que parecían olvidadas desde los tiempos más oscuros del nacionalismo industrial. Resulta que la muy pocos años atrás triste Aceralia, recompuesta deprisa y corriendo con dinero público para que pudiera ser vendida, también deprisa y corriendo, al grupo luxemburgués Arbed, hoy es poco menos que el campeón nacional del acero, en la línea de esa política del Gobierno de Aznar de defender a capa y espada los mercados nacionales y, dentro de ellos, a las empresas con sello español.

La cuestión más debatida, aunque no lo suficiente, es las distintas varas de medir que utiliza el Gobierno, o, para ser exactos, Rodrigo Rato, respecto a la titularidad pública de las empresas que comparecen en el territorio español para comprar alguna empresa nacional. Resulta que con gran aspaviento se dificultó el intercambio de KPN y Telefónica con el pretexto de que el grupo holandés tenía capital público, y que en la Ley de Acompañamiento del Presupuesto de 2000 incluía una píldora envenenada para impedir que una empresa energética pública de cualquier país pueda comprar una empresa española del mismo sector. Resulta además que han menudeado las advertencias -casi amenazas- oficiales para prevenir un hipotético intento de EDF de entrar en el mercado español. Pero nada obsta, al parecer, a que Arbed, con capital público luxemburgués, se fusione con una empresa privatizada española. La estricta prohibición en los casos de KPN u otros se convierte en plácemes cuando se trata de Aceralia.

José Folgado, secretario de Estado de Economía, intentó resolver la contradicción. La diferencia estaría, según su interpretación, en que Aceralia no es una empresa 'estratégica'. ¿Y por qué? ¿Quien define que una empresa es 'estratégica' y otra no lo es? Como no existía una definición política oficial de qué sectores o empresas son estratégicos, la interpretación de Folgado debe ser leída como lo que es, una forma de salir del paso que la realidad no avala. Si el mercado del acero no es estratégico y el de la electricidad sí lo es, ¿la portuguesa y pública EDP entrará sin problemas en el accionariado de Hidrocantábrico? Si es así, seguro que el ministro de Economía no tendrá inconveniente en explicar por qué se opuso inicialmente a la operación arguyendo, sin disimulo, la doctrina de que empresas públicas no pueden comprar empresas privadas.

Éste sería el momento de mencionar la arbitrariedad de la política de empresa del Gobierno, como otras veces. Pero, además de arbitrariedad, se observa desconcierto. No es sólo que el equipo económico diga hoy una cosa y mañana otra, que manosee la fusión de Endesa e Iberdrola mientras que ni siquiera examina la de Ebro-Puleva; además, da la sensación de que no sabe lo que tiene que hacer y rompe los objetos que más interés tiene en cuidar. Aunque ahora se subraya la utilización interesada de los resortes del Estado, una acusación cierta con gran probabilidad, tampoco hay que descartar que estemos ante un problema de incapacidad para definir políticas que resulten creíbles y que susciten confianza en los ciudadanos y los propios empresarios.

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