La proyectos de nuevas canteras en Alhaurín indigna a vecinos y ecologistas

La chispa se ha reavivado al conocerse la intención de abrir más explotaciones. Los vecinos aseguran que en la Consejería de Empleo se han presentado solicitudes para abrir siete nuevas canteras. Las empresas aseguran que son peticiones para 'siete cuadrículas' que darán lugar a una o dos explotaciones. 'No se van a abrir siete nuevas canteras', asegura el gerente de la Asociación de Empresas Extractivas de Málaga, Antonio Martín.

La Plataforma en Defensa de la Sierra hace otras cuentas. Según los cálculos de la organización, que agrupa a vecinos y ecologistas, las nuevas explotaciones abarcarían una superficie similar a 2.100 campos de fútbol y ocuparían casi el 30% del término municipal de Alhaurín de la Torre, aunque también entrarían en suelo de Benalmádena y Torremolinos. La propuesta de los canteros está pendiente del estudio de impacto ambiental.

El delegado de Medio Ambiente, Ignacio Trillo, ha aclarado que 'se trata de una pretensión empresarial' y que el hecho de que la Administración autonómica haya iniciado su tramitación no supone que vaya a obtener luz verde. 'Nosotros no podemos parar el procedimiento, pero hay suficientes mecanismos para dar protección a la sierra', precisó. Recordó que falta la aprobación de Empleo, pasar el filtro del estudio de impacto ambiental y el trámite de exposición al público, proceso en el que ayuntamientos y particulares pueden presentar alegaciones.

Denuncias de ilegalidad

La plataforma advierte de que los funcionarios que autoricen las explotaciones podrían incurrir en prevaricación, ya que la iniciativa vulnera el Plan Especial de Protección del Medio Físico de la provincia, así como el PGOU de Torremolinos y las normas subsidiarias de Alhaurín, que prohíben la extracción de áridos. La coordinadora quiere incluso que se cierren las ocho canteras existentes en Alhaurín por supuestas irregularidades en sus licencias. Estas presuntas anomalías son objeto de un contencioso abierto actualmente entre los vecinos y el Ayuntamiento.

Martín defiende la legalidad de las canteras con dos argumentos: la Junta no ha abierto expedientes sancionadores a las explotaciones existentes y todas las denuncias ante los juzgados han sido archivadas. Además, recuerda, 'para que la gente tenga casas y carreteras son necesarios los áridos'. Los vecinos ponen el acento en los efectos negativos: el polvo en suspensión, el trasiego de 3.000 camiones diarios por el municipio y el deterioro que supone para la sierra la extracción de 60.000 toneladas por día. También aluden a que algunas canteras están a menos de un kilómetro del núcleo urbano.

Si la Junta da el visto bueno, las empresas pedirán autorización al Ayuntamiento, aunque sus normas prohíben más canteras. Martín avanza que si Empleo autoriza la actividad y el consistorio no, caben tres salidas: o dirime un juez, o se hace una modificación puntual de las normas urbanísticas, o la Junta declara la explotación de interés público.

Frente a esta postura, IU, que está integrada en la plataforma, pide que la Junta declare zona saturada de canteras a la sierra de Mijas. Los vecinos, por su parte, acusan a la Junta y al Ayuntamiento de connivencia con los canteros. El portavoz de la plataforma, Juan Piña, apunta incluso que la actividad es deficitaria para el pueblo: 'El Ayuntamiento cobra una peseta por tonelada extraída y gasta cuatro en reparar los daños que provocan los camiones'.