La Generalitat rectifica y encarga un dictamen jurídico del 'caso Olé'
Más de cuatro años después de la privatización del buscador de Internet Olé, el Gobierno de la Generalitat se ha decidido a abrir una investigación interna para aclarar cómo pasó a manos privadas un proyecto que ha generado miles de millones de pesetas. La Fundació Catalana per a la Recerca (FCR), en cuyo patronato hay cuatro departamentos de la Generalitat, ha encargado además, a instancias del PP, un dictamen para determinar si la venta se ajustó a derecho.
La FCR desarrolló con dinero público el buscador de Internet Olé, que en 1996 fue adquirido por varios trabajadores de la entidad encabezados por Josep Vallès por sólo 200.000 pesetas. Tres años después, Telefónica pagó 3.000 millones de pesetas por el producto y los beneficiaros de la privatización obtuvieron además acciones de Terra (hoy Terra Lycos), cuyo valor de mercado actual supera los 10.000 millones de pesetas.
La operación con Telefónica es objeto de una investigación en el juzgado número ocho de Barcelona, que ha llamado a declarar como imputados a los beneficiarios de la operación, entre ellos el ex consejero de Telefónica Martín Velasco. Pero la primera parte de la historia de Olé -el paso de manos públicas a privadas- tampoco está cerrada y varios grupos parlamentarios llevan años tratando de aclarar los hechos.
Hasta ahora, varios consejeros del Gobierno de Jordi Pujol han tenido que responder en el Parlament sobre el caso Olé y, como mucho, han admitido que fue un error desprenderse del buscador por tan poco dinero. Pero siempre habían considerado que la privatización se hizo correctamente y habían defendido a Josep Antoni Plana Castellví, militante de Unió Democrática (UDC) y director de la FCR en la pasada década.
Las cosas, no obstante, empezaron a cambiar con la llegada a la consejería de Universidades, Investigación y Sociedad de la Información de Andreu Mas-Colell, independiente aunque cercano a Convergència Democràtica (CDC). Mas-Colell forzó la salida de Plana Castellví de la FCR, el pasado septiembre, y ahora ha promovido la apertura de la investigación interna.
Mas-Colell deberá comparecer próximamente al Parlament para dar cuenta del caso Olé a petición del Partido Popular (PP), el Partit dels Socialistes (PSC) e Iniciativa per Catalunya-Verds (IC-V). Pero el PP, de cuyos votos depende CiU en el Parlament, hizo llegar a través de su diputado Daniel Sirera la exigencia de que el Gobierno catalán abriera una investigación interna y encargara un dictamen jurídico antes de la comparecencia.
'Es la primera vez que el Gobierno admite la posibilidad que se cometieran irregularidades en la operación de venta de Olé', afirmó ayer Sirera. En una respuesta por escrito al diputado popular, Mas-Colell califica de 'presunta venta' la operación de privatización del buscador e informa de que el patronato de la FCR ha abierto una investigación interna y ha encargado a un bufete jurídico un dictamen al respecto.
Dudas
De la operación no consta ningún contrato por escrito -el único existente es un recibo de 200.000 pesetas- y Plana Castellví se desprendió del buscador sin la autorización preceptiva del patronato de la FCR, el único órgano que podía autorizarla. Además, la operación no consta en ningún acta.
