Inmigración y medidas de empleo

Hay dos posiciones en torno a la inmigración que, siendo coherentes en sí mismas, olvidan el contexto en el que estamos. Una dice que el problema se resolvería con el desarrollo de los países de origen a través de inversiones tanto internas como externas. De las primeras, la historia habla por sí sola. De las segundas, el fracaso de medidas como el 0,7% o el nulo control que los gobiernos tienen hoy sobre las multinacionales son bastante ilustrativos. Seguro que el futuro pasa por ahí, pero la inmigración es problema de hoy. La otra posición señala que emigrar es un derecho de todos los ciudadanos del mundo y concluye que deberían hacerlo cuantos quisieran. Sí a lo primero, pero prudencia con lo segundo si no queremos potenciar los riesgos de marginación y conflictividad social.

La solución está en que nadie dé trabajo si no es con un contrato en regla y bajo convenio

La inmigración aumentará a corto y medio plazo por razones fáciles de entender: la desigualdad entre países ricos y pobres crece y, como casi todos los habitantes del planeta tienen acceso visual (televisión) al modo de vivir de los países ricos, es obvio que algunos quieran acceder a él realmente, cosa infinitamente más fácil que cuando nuestros abuelos emigraban a América. Por eso es urgente que, además de leyes que regulen la inmigración, se pongan en práctica medidas para integrar realmente a los que llegan y a evitar la xenofobia de quienes se pueden sentir amenazados. Quiero referirme a algunas en el ámbito laboral.

La movilidad de la mano de obra tiene grandes costes económicos y personales que recaen sobre los inmigrantes. Se podrían evitar en parte con formas de movilidad de ida y vuelta. Parte de los inmigrantes que trabajan en la agricultura y la hostelería optarían por venir a España entre seis u ocho meses, lo que duran las campañas, y luego regresar a sus países, si supieran que al año siguiente tendrían el empleo asegurado. Que sea así depende sólo de una Administración laboral y general eficientes y con voluntad de lograrlo, dado que existen instrumentos contractuales. Y de implicar a los empresarios también en las cuestiones de viaje y vivienda.

Hoy conocemos mejor que hace 40 años el origen de los inmigrantes y sus características. ¿Por qué no se abren en los países afectados oficinas que, rechazando las mafias, faciliten contratos temporales o indefinidos antes de viajar? Realizaron ese trámite muchos de los españoles que emigraron a Europa en los años sesenta, ahorrándose así las angustias del momento de la llegada. Y entonces había menos medios que hoy.

Las anteriores son medidas de freno y ordenación de los flujos, pero hay que pensar en otras que logren reducir al mínimo los dos riesgos señalados respecto a los inmigrantes que ya están en España. Si todas las personas que viven en un país moderno tienen que gozar de los derechos básicos de ciudadanía y de las posibilidades de integración, lo que mejor conjuga ambas cosas es el trabajo. Pero sin olvidar que, en las economías ricas, a periodos de gran expansión están sucediendo otros de recesión en los cuales muchos inmigrantes se verían más afectados que los nativos. Por ello hay que ser abiertos, pero también prudentes en lo que se refiere a los contingentes inmigratorios.

Una de las principales razones por las que muchos ciudadanos de este país no aceptan ciertos trabajos es porque están mal pagados y tienen malas condiciones (jornada, ambiente). Los inmigrantes los aceptan porque no tienen otro remedio. Con ello se refuerza el círculo infernal en el que cuanto peor pagados los empleos, más inmigrantes se necesitan, porque los nativos no los aceptan, y más se incrementan el número, la precariedad y la marginalidad de aquéllos. A la afirmación que hemos oído con frecuencia durante los últimos meses, 'para el año 2002 o 2004 necesitaremos tantos miles de inmigrantes', se le escamotea una segunda parte: 'tan mal pagados como hasta ahora'.

Por tanto, se requiere regulación laboral y actuación sindical que mejoren las condiciones salariales y laborales de ciertos sectores en los que suelen trabajar los inmigrantes. Con ello se conseguirían dos efectos: que los inmigrantes tuvieran mejores condiciones de integración y que los nativos optasen también a esos empleos. De esta manera, las necesidades de mano de obra externa se situarían en términos más realistas y se evitaría que ciertos colectivos de trabajadores, que no se pueden expresar habitualmente en los medios de comunicación, vieran amenazados sus puestos de trabajo, lo que podría convertirse en caldo de cultivo de xenofobia y conflictividad social.

Las malas condiciones salariales están propiciadas por la clandestinidad de la prestación laboral. Todos sabemos que hay empresarios -no todos, por supuesto- con trabajadores, inmigrantes y nativos, sin contrato. Que muchos constructores tienen trabajadores ilegales y que si alguna vez llega la inspección da tiempo a esconderlos. Y lo mismo los hoteleros. Y más fácil aún los agricultores. Pero también sucede que empresarios que pagan a los del país el salario de convenio o lo que es habitual en su zona ofrecen a los inmigrantes, aunque sean legales, 200 o 300 pesetas por hora. La solución no está en castigar al trabajador clandestino. Pero tampoco en regularizar a todos olvidando todo lo demás. Está en no tolerar que nadie dé trabajo si no es con un contrato en regla y en las condiciones estipuladas en el convenio, utilizando un régimen de sanciones que sea realmente disuasorio. Si los ciudadanos saben que hay contratación ilegal y dónde se ubica, ¿cómo no va a saberlo la Administración?

Es obvio que estas medidas no lo arreglan todo, aunque mejoren la situación, porque seguirá habiendo contingentes de irregulares. Es el inevitable efecto llamada que tiene la esperanza de vida mejor. Qué hacer con ellos será el gran problema de la UE en las próximas décadas. Ahí sí que entran las medidas a largo plazo. Las de orden político, es decir, el apoyo serio al desarrollo de esos países. Y las aún más importantes de orden moral, ya que no hay que olvidar que estamos tratando de personas con derechos de personas. Es una cuestión de dignidad humana básica, que nos obliga a todos por encima de las fronteras, los territorios, la historia y otras diferencias.

Fausto Miguélez, es profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona