Gobierno e Iglesia se enfrentan por el encierro de los inmigrantes

El arzobispado de Barcelona mantuvo ayer un silencio absoluto después que el delegado del Gobierno para la Inmigración, Enrique Fernández Miranda, rechazara de plano que la Iglesia fuera garante de los acuerdos a que puedan llegar los cerca de 700 inmigrantes encerrados y la Delegación del Gobierno. Aunque el arzobispado no se ha ofrecido oficialmente como garante de los acuerdos, representantes de entidades vinculadas a la Iglesia, como Justícia i Pau y la Pastoral Católica, se han reunido esta semana con los inmigrantes para comunicarles su voluntad de ejercer dicho papel cuando lleguen a un acuerdo con el Gobierno.

Fuentes del arzobispado y de las entidades eclesiásticas que se han reunido con los inmigrantes afirmaron ayer que el Gobierno no quiere que nadie pueda 'colgarse la medalla' de haber ayudado a resolver la situación. 'Y menos aún nosotros después del conflicto entre el Gobierno y los obispos por el pacto antiterrorista', añadía uno de los párrocos que albergan a inmigrantes. Sin embargo, las entidades religiosas anunciaron que no se retirarán y que buscarán 'otras vías' para que el acuerdo se cumpla.

Los abogados que asesoran a los inmigrantes están convencidos de la necesidad de que la Iglesia 'u otra institución sólida' vele por el cumplimiento de los acuerdos. 'En cuestiones de inmigración ya no se puede confiar en la palabra del Gobierno, porque en otras ocasiones ya ha roto sus promesas', afirmó el abogado Josep Manté en referencia a los tratos incumplidos tras el episodio racista de El Ejido (Almería) de hace un año.

El presidente de Justícia i Pau, Arcadi Oliveres, entiende que el temor de los inmigrantes es 'natural'. 'Hace un año y medio, el vicepresidente Rodrigo Rato prometió la condonación de 130.000 millones de pesetas de la deuda de los países en vías de desarrollo y el Gobierno aún no ha hecho nada'.

Para apaciguar el malestar de la Iglesia, la Delegación del Gobierno en Cataluña ofreció ayer al arzobispado la posibilidad de formar parte de la comisión de seguimiento que se creará para desarrollar los acuerdos. Sin embargo, el Gobierno sigue rechazando que la Iglesia vele por el cumplimiento de éstos. 'No sería lógico que la Iglesia tomara este papel en un Estado laico', reiteró ayer un portavoz de la Delegación del Gobierno. Mientras tanto, las negociaciones entre los inmigrantes encerrados y la Administración siguen paralizadas a raíz de que el Gobierno se negara a incluir las nuevas propuestas de los inmigrantes en el acuerdo firmado el día 8, que fue rechazado por los encerrados.

Por otra parte, unos 2.500 universitarios, según la Guardia Urbana, se manifestaron ayer en Barcelona junto con un centenar de los inmigrantes encerrados en las iglesias de la ciudad para pedir la regularización de todos los sin papeles, informa Judith Casals. Algunos de los estudiantes cortaron el tráfico en la avenida Diagonal y en la Ronda Litoral, lo que causó retenciones de hasta seis kilómetros. Después se reunieron en la plaza de la Universitat, donde también cortaron la Gran Via. Los manifestantes corearon consignas como 'no sobra nadie, papeles para todos' y 'nadie es ilegal', y protestaron contra las recientes declaraciones de la esposa del presidente de la Generalitat, Marta Ferrusola, sobre los inmigrantes. Algunos de estos estudiantes mantienen encierros en sus universidades en apoyo de los inmigrantes.