Trabajo une sus oficinas de empleo al Inem con cinco años de retraso

La Generalitat recibió en 1995 competencias plenas de política de empleo, entre ellas las 74 oficinas del Inem. Pero en aquel momento creó el Servicio Catalán de Colocación, con lo que se mantienen dos bases de datos para buscar empleo, desconectadas entre sí y con el resto de España. Esta circunstancia ha motivado severas críticas de los sindicatos y los partidos de la oposición.

El Departamento de Trabajo, cazado en la maraña de irregularidades que afectaron a los fondos ocupacionales, ha vivido cinco años al ralentí. Justo ahora empieza a escribir una nueva etapa y anuncia la puesta en marcha del Servicio Público de Ocupación por medio de un anteproyecto de ley. El objetivo es lograr en pocas semanas un pacto con patronales y sindicatos para que la ley pueda entrar en el Parlament en el mes de abril. Trabajo espera que la nueva normativa empiece su andadura a primeros de 2002.

El departamento prevé crear una red de puntos de intermediación que estará integrada por las actuales oficinas de trabajo de la Generalitat -cedidas con el traspaso del Inem-, los centros colaboradores que ya realizan intermediación en el mercado laboral y otras entidades, como los servicios municipales o los que están vinculados a las diputaciones provinciales.

Nueva red

En Cataluña hay 35.000 empleos sin cubrir. Actualmente las demandas de empleo sólo se comunican a la red del Inem en el resto de España por deseo expreso de los empresarios. Cataluña se sumará ahora al proyecto para conectar los servicios de empleo de las 17 comunidades autónomas a finales de este año.

Trabajo ha debatido el borrador con los sindicatos CC OO y UGT, las patronales Fomento del Trabajo y Pimec-Sefes, y representantes de las administraciones locales: la Federación de Municipios de Cataluña (FMC) y la Asociación Catalana de Municipios (ACM).

El proyecto de ley contiene una serie de principios que garantizan la igualdad de oportunidades en el acceso al nuevo servicio público de empleo, la solidaridad social de los inscritos, la participación de los agentes sociales y las administraciones locales, el reequilibrio territorial de Cataluña, la calidad del servicio y su gratuidad.

La Generalitat quiere promover el máximo consenso, 'incluyendo tanto a los agentes sociales como las administraciones locales', según el director general de Ocupación de la Generalitat, Andreu Cruañas. El servicio de ocupación será 'público y gratuito, además de actuar como el mejor intermediario', añade.

El anteproyecto de ley indica que el nuevo organismo deberá ser un instrumento eficaz para ayudar a los parados a encontrar trabajo. Los sindicatos quieren que sea un organismo autónomo y presionarán para conseguir que el Servicio Público de Ocupación tenga una dotación presupuestaria superior a la que recibiría si se tratase de una simple instancia dentro del Departamento de Trabajo, según señalaron a este diario Ciriaco de Hidalgo, de UGT, y Angelina Puig, de CC OO.