Berlusconi: tan claro como un túnel
Puede que, como afirmó ayer el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, no esté claro cuál es el procedimiento a seguir para tramitar el suplicatorio solicitado por un juez español para levantar la inmunidad a un eurodiputado extranjero, nada menos que Silvio Berlusconi. Aclarar este extremo es justamente lo que le pidió seis meses atrás la presidencia de la Eurocámara a la representación permanente (RePer) de España en la UE, cuando recibió la solicitud remitida por el Tribunal Supremo. Lo que no está nada claro es por qué la Administración española -pues la RePer es parte del Ministerio de Exteriores- demoró tanto tiempo una respuesta. Para que la confusión sea aún mayor, a la tardanza de la diplomacia española se ha sumado un cúmulo de irregularidades en el Parlamento Europeo, donde no fue debidamente registrada la carta con el suplicatorio, que siguió una extraña ruta.
Tras el tiempo transcurrido, no parece de recibo que Piqué se escude en 'la falta de jurisprudencia y legislación al respecto' para dar nuevas largas, puesto que hay precedentes: el del suplicatorio de Ruiz-Mateos en 1990, por ejemplo. El turbio retraso y las irregularidades detectadas requieren ahora de Piqué no unos rápidos comentarios en los pasillos del Congreso, sino una explicación en profundidad, mientras el Parlamento Europeo debe investigar qué ocurrió en sus propias dependencias y por qué la Comisión de Asuntos Jurídicos no fue informada como es debido de la petición cursada por los tribunales españoles a raíz de la demanda del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que instruye el caso de supuestas irregularidades cometidas por el eurodiputado italiano en Tele 5. La justicia española debería haberse interesado también por estos retrasos.
Todo esto ocurre cuando Italia lleva meses en pre-campaña electoral, con la cita prevista para primavera, y con Berlusconi como favorito. Justamente estos días se está debatiendo en el Parlamento italiano el proyecto de 'ley del conflicto de intereses', que, de aprobarse -para lo que dudosamente queda tiempo ante el filibusterismo de la oposición, que ha presentado más de 1.500 enmiendas-, obligaría al magnate de los medios de comunicación a vender parte de su patrimonio o ponerlo en manos de fiduciarios totalmente independientes. Berlusconi, que ya gobernó durante siete meses en 1994 y que ha sobrevivido a una ristra de procedimientos judiciales en su propio país, es un caso único de empresario mediático metido a político. Y sería otra vez un caso único si desde el Gobierno que llegara a presidir pudiera otorgar a sus empresas licencias de televisión o telefonía.
Su partido, Forza Italia, concurre junto con la Liga Norte, y para gobernar necesitará el apoyo de la Alianza Nacional, dos partidos cuyos pronunciamientos de tinte xenófobo levantan grandes suspicacias en el resto de la UE, especialmente en el Reino Unido. ¿Una victoria de Berlusconi forzaría a Aznar a elegir entre el amigo Blair y el amigo italiano?
