La Eurocámara culpa al Gobierno español del retraso en el 'caso Berlusconi'
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El Parlamento Europeo considera que el Gobierno español es el único responsable del gran retraso con el que se está produciendo la tramitación de la petición planteada por el juez Baltasar Garzón para levantar la inmunidad parlamentaria al eurodiputado italiano Silvio Berlusconi, líder de Forza Italia. Una fuente oficial de la Eurocámara recordó ayer que el 28 de agosto exigieron formalmente a las autoridades españolas que aclararan quién es 'la autoridad competente' en España para plantear el suplicatorio. 'A partir de ahí empieza la responsabilidad del Gobierno español', aclaró.
La carta del Parlamento Europeo para exigir esa aclaración estaba firmada por Romer Harald, entonces jefe del Gabinete de la presidenta de la Eurocámara, la francesa Nicole Fontaine, y fue dirigida a Javier Elorza, ex embajador de España en la Representación Permanente (Reper) de España ante la UE. Se da la circunstancia de que ni Harald ni Elorza ocupan ya esos puestos.
La petición para levantar la inmunidad fue depositada por el Tribunal Supremo español el 12 de julio en la oficina del Parlamento Europeo en Madrid. Su responsable, Fernando Carbajo, la trasladó en mano a Bruselas cinco días más tarde y fue depositada en el Gabinete de la presidenta. Mes y medio después, Harald envió la mencionada carta en la que se recordaba que, según el artículo sexto del reglamento de la Eurocámara, todo suplicatorio debe ser remitido 'por la autoridad competente de un Estado miembro'. Por eso, la presidencia de la Eurocámara, a la vista de la forma tan irregular en la que había llegado la petición, suscrita por el presidente del Tribunal Supremo, Javier Delgado Barrio, intentó aclarar formalmente quién es en España esa 'autoridad competente' para solicitar el levantamiento de la inmunidad de un eurodiputado. Fontaine quería concretar ese extremo antes de remitir la solicitud a la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Cámara.
Falta de información
Entretanto, la Representación Permanente de España ante la UE se niega a comunicar el más mínimo dato sobre qué camino siguió la petición cursada desde la Eurocámara. Es más, pese a que el viernes pasado informó de que la misiva del Parlamento había sido localizada en los archivos tras varias horas de búsqueda, ayer ni confirmaba ni desmentía ese detalle.
El camino del suplicatorio había comenzado realmente el 20 de junio del año pasado. En esa fecha, Garzón solicitó la autorización de la Eurocámara para actuar contra Berlusconi como presidente de Finninvest y vicepresidente de Gestevisión Tele 5, y contra Marcello Dell´Utri, como presidente de Publiespaña. A ambos, el juez les atribuye una serie de irregularidades para superar el límite legal del 25%, establecido entonces, en el capital de una empresa privada de televisión. Garzón considera que Berlusconi ha cometido cuatro delitos contra Hacienda por impago de impuestos.
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