Política y demografía

¿Qué pensaría usted de una persona que, sentada a la sombra de un árbol, ve caer de sus ramas una manzana y, tras algunas cavilaciones, llega a la conclusión de que existe una relación de causalidad entre su llegada a ese frutal y la caída del fruto? Podría creer que semejante sujeto, que obviamente no era Newton, había sido preso de la llamada falacia ex post que, de acuerdo con las enseñanzas de Samuelson, es la que mueve a considerar que todo lo que ocurre después de un hecho es consecuencia de ese mismo hecho. Podría también pensar, si atendiera a nuestra circunstancia histórica, que nos encontramos ante alguien que, desde el punto de vista psicológico, está muy persuadido de la trascendencia de su propia existencia y que, desde el lado profesional, probablemente forme parte del actual Gobierno.

La Seguridad Social tiene superávit y se puede permitir el lujo de prestar excedentes al Estado

Hace algunos años, cuatro y medio, si queremos ser exactos, que nuestra historia, básicamente nuestra historia económica, parece construirse desde una fecha fundacional: 1996. Se ha instaurado, al parecer, un año cero a partir del cual todo es distinto y mejor que lo anterior. Da igual, a este propósito, que, en los doce meses inmediatamente anteriores, el empleo aumentara en casi 400.000 puestos de trabajo o que la inflación pasara del 5,1% al 3,4%. Para la nueva contabilidad esos datos no existen. El ciclo económico, tampoco. Y la coyuntura exterior, menos aún. Sólo importa el momento de la llegada al poder del actual Gobierno, explicación última de todo lo que, desde entonces, se ha contabilizado.

Una forma ésta de actuar que entraña riesgos. Por ejemplo: se ha dicho tantas veces que la bajada de la inflación fue obra exclusiva del Gobierno y que nada tuvo que ver en ello que el barril de petróleo redujera su precio hasta los nueve dólares, que ahora es difícil explicar el actual encarecimiento de la vida por la fuerte subida de los precios del crudo. Cuando se ha simplificado la realidad hasta ese punto y se ha derogado toda su complejidad en aras de la propaganda, es difícil volver a introducir matices en el discurso. Siempre sonarán a excusa y a elusión de responsabilidades.

El Gobierno, tras haber abusado de un fortísimo aparato de propaganda en los momentos en que el ciclo económico hacía bueno todo su trabajo e invisibles sus olvidos, empieza, pues, a estar en serias dificultades no sólo para afrontar la nueva realidad, sino, además, para hacerla compatible con su viejo discurso. Y es que ni la estabilidad macroeconómica, ni la independencia de las políticas monetarias ni la liberalización mundial del comercio han conseguido acabar con los ciclos económicos.

La globalización hace imposible explicar las cosas desde la contemplación del propio ombligo. Ni con aterrizajes suaves, ni con déficit cero, vamos a evitar los movimientos especulativos de los mercados de capitales o los efectos de un conflicto en el Oriente Próximo. Resulta, pues, recomendable para cualquier Gobierno conocer la medida de sus límites y saber que la caída de la manzana debe más a la ley de la gravedad que a su propia llegada al árbol. Sólo desde la humildad y el realismo será dueño de la situación y podrá explicar las cosas sin necesidad de utilizar siempre la primera persona.

Porque no toda la marcha de la economía puede estar bajo el control del ejecutivo. Además de la coyuntura internacional que se nos impone, hay otras circunstancias, más cercanas a nosotros y ajenas también a la acción del Gobierno, que son, sin embargo, imprescindibles para explicar la evolución de algunos datos económicos. Circunstancias que el Ejecutivo, prisionero de su propio discurso minimalista, también ha olvidado mencionar, tal vez porque actualmente están jugando a favor de sus objetivos. Una de ellas es la demografía, que, desde finales de los noventa, viene favoreciendo el comportamiento positivo de algunas variables.

Es sabido que la evolución de la población tiene repercusiones sobre muchas de las magnitudes económicas. Así, por ejemplo, sus menores crecimientos actuales están siendo un factor decisivo para explicar por qué ahora, con crecimientos del empleo similares a los que se produjeron a finales de los ochenta, se está reduciendo el paro mucho más que entonces. Lo son asimismo para explicar otras muchas cosas: la menor presión del gasto de educación primaria, la inferior incidencia del paro juvenil... o la favorable evolución de las cifras de la Seguridad Social.

No es infrecuente oír a responsables del Gobierno afirmar categóricamente que el crecimiento del empleo, medido en términos de afiliados cotizantes, nos ha hecho pasar, en apenas cuatro años, de una situación de incertidumbre sobre el futuro del sistema de pensiones a otra, de desahogo, en que la Seguridad Social tiene, por vez primera en su historia, superávit y se puede permitir el lujo de prestar sus excedentes al Estado para lograr el ansiado objetivo del 'déficit cero'.

Ustedes habrán oído este argumento en alguna ocasión, ¿no es verdad? Pues bien, estamos de nuevo ante una forma de simplificar la realidad que, por ocultación de datos, conduce a conclusiones tan falsas como peligrosas. Se parte, es cierto, de una afirmación indiscutible que forma parte además de la más pura ortodoxia: se ha producido un gran aumento de afiliados y este incremento de cotizantes es fundamental para la estabilidad financiera de un sistema de pensiones basado en el reparto. A partir de esta afirmación inobjetable, los mensajes y conclusiones que se extraen están, sin embargo, manipulados.

Primera manipulación. No es correcto afirmar que la actual situación de superávit de las cuentas de la Seguridad Social es un hecho sin precedentes, puesto que los cambios en la composición de los ingresos y gastos impiden hacer comparaciones históricas entre los resultados de ejercicios distintos. Desde 1989, las aportaciones del Estado a la Seguridad Social han venido creciendo progresivamente, para hacerse cargo de una parte cada vez mayor del presupuesto de gastos no contributivos y llegar por este camino a una separación de las fuentes de financiación, objetivo éste que, seis años después, fue consagrado por el Pacto de Toledo. En correspondencia con ello, el esfuerzo de financiación que han tenido que hacer las cotizaciones sociales ha ido disminuyendo progresivamente, desde aquel año, en que una cuarta parte del gasto lo asumía el Estado, hasta los presupuestos de 2001 en que el Estado financia casi el 34% de las facturas.

¿Adónde nos lleva esto? Muy sencillo: si el año próximo el Estado se limitara a aportar a la Seguridad Social una cantidad equivalente a la que le transfirió en 1989, la Tesorería ingresaría una cantidad inferior a la presupuestada en más de 900.000 millones de pesetas actuales, con lo cual el excedente previsto, equivalente a tres décimas del PIB, se nos convertiría en un déficit de seis décimas.

Dicho de otra forma, que no es precisamente la oficial y que deberíamos atender como un aviso para la navegación: la situación financiera de la Seguridad Social al final de la década de los noventa no es mejor que la que tenía diez años atrás. En 1989, el gasto en pensiones contributivas (incluidos los complementos a mínimos) equivalía al 90,08% de lo que se recaudaba por cotizaciones sociales para contingencias generales; en 1999 ese mismo porcentaje fue el 98,89%.

Segunda manipulación, ésta por omisión. No es exactamente cierto que haya sido el aumento de afiliados el que ha conseguido cerrar las cuentas de estos últimos años con superávit. Sin ese aumento, es verdad, habría sido imposible hacerlo; pero las cuentas no se habrían saldado con excedentes si simultáneamente a dicho incremento no se hubiera producido una importante reducción en el crecimiento de las pensiones.

Entre 1990 y 1997, el aumento medio del número de pensiones fue de 154.000 cada año. En 1998 ese incremento se redujo a 112.000; en 1999, a 85.579, y este año se estima que se reducirá a 84.000. Obviamente este menor crecimiento del número de pensiones está colaborando decisivamente para que se produzca un importante ahorro. De nuevo la demografía ha repercutido positivamente en la evolución de una magnitud económica sin que el discurso oficial haya hecho mención alguna al dato.

Pero el caso es que, si en estos tres últimos años el aumento del número de pensiones hubiera sido igual al promedio de los primeros ocho años de la década, la factura que habríamos tenido que pagar por este concepto en 2000 habría eliminado toda posibilidad de cerrar con superávit el ejercicio. Un dato cuyo conocimiento es imprescindible de cara a las previsiones de gasto, puesto que la menor afluencia actual de pensionistas es estrictamente coyuntural (la llegada a la jubilación de las generaciones de la guerra civil); algo que no se va a producir en un futuro próximo en que llegarán a la edad de jubilación las generaciones del baby boom e invertirán el actual efecto demográfico.

Y es que lo más grave, lo ciertamente peligroso de estas manipulaciones no es el efecto propagandístico que consiguen, sino la materia en la que lo consiguen. La conclusión evasiva a la que conducen: el superávit actual aleja los nubarrones del horizonte, puede abocar a un desistimiento suicida para el sistema de pensiones que, por lo demás, ha empezado ya a tener consecuencias inmediatas: en 2001 se prevén unos excedentes de 300.000 millones de pesetas en la Seguridad Social y sólo 90.000 millones de ellos irán al fondo de reserva. El resto, a hacer posible el déficit cero, que para eso el futuro está despejado. Pues qué bien.

José Antonio Griñán y Luis Martínez Noval son diputados del PSOE.