El Parlamento rechaza la ley de Extranjería y exige la regularización rápida de los inmigrantes

Nacionalistas, socialistas e IU no ahorraron descalificaciones hacia el PP, al que acusaron de convertir en un problema de orden público el fenómeno de la inmigración cuando en las actuales circunstancias (España es uno de los países del mundo con uno de los índices de natalidad más bajos), la llegada de inmigrantes puede ser una fuente de riqueza si se gestiona con acierto.

Todas las competencias sobre extranjería (permisos de trabajo y residencia) corresponden al Gobierno central, por lo que a las comunidades sólo les queda facilitar algunos servicios básicos, como la sanidad, la educación o el empadronamiento, lo que facilita a los inmigrantes el acceso a algunas ayudas sociales. El pleno aprobó una proposición no de ley instando al Gobierno central a establecer un sistema rápido y eficaz de regularización de los extranjeros que se hallasen en España antes del 23 de enero, fecha en la que entró en vigor el texto legal.

El portavoz de IU-EB, Javier Madrazo, fue el orador más beligerante con el Partido Popular. 'El Gobierno central tiene una visión puramente policial de la cuestión. Alimenta la xenofobia y el racismo en España con su visión de los inmigrantes', resaltó. Izquierda Unida ya ha registrado una proposición no de ley en el Parlamento instando a la Cámara a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley. La Mesa del Parlamento calificará esta propuesta el próximo martes y designará el día en que se debatirá.

Esfuerzo por el diálogo

El PSE adelantó que redoblará sus esfuerzos por el diálogo con el Gobierno central antes de tener que recurrir al Tribunal Constitucional. Sin embargo, su parlamentaria María Teresa Rodríguez Barahona incidió en que la actual ley (que es una reforma de la aprobada al final de la legislatura pasada cuando el PP no disponía de mayoría absoluta) no ofrece soluciones a una serie de problemas que son muy palpables.

Los socialistas instaron a Madrid a conceder un permiso de trabajo y de residencia a los inmigrantes, ofreciéndoles las mismas oportunidades para regularizar su situación con independencia de su nacionalidad. El Parlamento aprobó esta propuesta, recogida en la proposición no de ley, con los votos de socialistas e IU. La abstención de los demás grupos facilitó que saliera adelante.

El PNV, que también se mostró favorable a la regularización de los inmigrantes, señaló que la política del Estado en esta materia es 'una chapuza'. Abogó por consensuar una ley entre todos los partidos en el Congreso de los Diputados y su representante Gema González de Txabarri preguntó con indignación al Partido Popular: '¿Cuánta gente más tiene que morir y ser explotada para realizar otra política de inmigración?'

La popular Arantxa Quiroga aguantó el chaparrón de críticas como pudo y su defensa consistió en leer algunos aparatados concretos de la ley de Extranjería en un intento de demostrar que se trata de una norma visionaria que permitirá hacer frente a la inmigración presente y futura. 'La realidad de los inmigrantes ha desbordado las previsiones de la anterior norma, por eso era necesaria la reforma', justificó. Según Quiroga, la llegada de extranjeros es algo positivo y aporta ventajas siempre que se sepa administrar y planificar.

Aspectos conflictivos

Uno de los aspectos más conflictivos del texto es la expulsión de los inmigrantes que permanezcan en España de manera irregular o trabajen sin autorización administrativa. La ley establece unas salvedades para las expulsiones: por ejemplo, no se podrá echar a las mujeres embarazadas si existe riesgo para su salud, ni a los extranjeros con cuyo país no se haya firmado un convenio de repatriación. También se prevén sanciones para los empresarios que contraten a sin papeles, a quienes se podrá clausurar el negocio por un plazo de cinco años.

El grupo de sin papeles, al que afecta directamente la norma, es limitado en Euskadi. Frente a los casi 20.000 inmigrantes regularizados que existen en la comunidad autónoma, los irregulares suman unos 3.000. La pesca, la construcción y la limpieza de bosques son los sectores que concentran la actividad de los extranjeros no comunitarios, que en su mayoría proceden de Marruecos, Colombia y Ecuador. A pesar de su falta de competencias, el Gobierno vasco pretende poner en marcha un plan que englobe las medidas que vaya tomando en campos como la sanidad y educación.