La Diputación alavesa negociará con el Gobierno para desbloquear el Plan General de Vitoria

De momento, el Gobierno presentó la pasada semana un recurso de reposición contra el decreto foral que da vía libre al plan para que la Diputación, gobernada por el Partido Popular, rectifique en el plazo de un mes. Si no se produce el entendimiento, el Ejecutivo ha anunciado que acudirá a los tribunales y obligará a suspender el documento en las partes en litigio.

El diputado de Obras Públicas y Urbanismo, Antonio Aguilar, aseguró ayer que ya se han iniciado los contactos entre ambas instituciones para mantener una reunión en los próximos días y evitar de esta forma recurrir a la vía judicial. El Departamento de Urbanismo del Gobierno confirmó que el primer encuentro previsto para desbloquear el conflicto se producirá entre el director de Ordenación del Territorio, Juan Ignacio Izeta, y el director de Urbanismo foral.

Aguilar compareció ayer ante las Juntas Generales de Álava para explicar los pormenores de la aprobación del plan. Sin embargo, el centro de atención pasó por el recurso presentado por el departamento que dirige Patxi Ormazabal, que insta a reducir el crecimiento en ocho pueblos próximos a la capital alavesa (es un recorte de 131 casas sobre las 1.080 previstas para los 52 pueblos del municipio de Vitoria) y suspende durante un año cualquier plan en otras dos localidades (donde se quieren levantar casi 700 casas unifamiliares).

Sin incidencia práctica

Según el diputado, los planteamientos de ambas instituciones son similares, ya que la Diputación también introduce modificaciones en el documento como para ralentizar la construcción en los núcleos rurales, y únicamente les separan 62 viviendas dentro de un plan que detalla la construcción de cerca de 33.000.

Este conflicto competencial, basado según Aguilar en la prioridad que el Gobierno autónomo quiere dar a las Directrices de Ordenación Territorial vascas sobre la ley del Suelo estatal, no tendrá apenas incidencia práctica. El diputado entiende que la ley del Suelo es básica y advirtió al Ejecutivo de que no se pueden utilizar sólo las leyes que sean de su agrado. 'La Diputación es la que ha cumplido las Directrices de Ordenación y el Ejecutivo no lo ha hecho, por lo que se equivoca con el recurso', señaló.

'Creo que el recurso no va servir para paralizar el plan', añadió. 'En todo caso', admitió, 'podría afectar a las 131 viviendas de las que habla el Gobierno'. Para el responsable foral de Urbanismo, sería una 'irresponsabilidad muy grave' del Ejecutivo autónomo paralizar una sola vivienda en el término municipal de Vitoria.

Después de haberse cruzado duros reproches en las últimas semanas con el consejero Patxi Ormazabal, Aguilar mostró ayer un aire más conciliador durante su intervención en las Juntas Generales y expresó su intención de reunirse cuanto antes para alcanzar un acuerdo. 'Ormazabal también es partidario de este encuentro', destacó y precisó que incluso podría acudir también algún representante del Ayuntamiento vitoriano. El propio alcalde, Alfonso Alonso, del PP, se ofreció hace una semana para mediar en este conflicto, que también definió como competencial.

Para el diputado, las críticas que realiza el informe de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco al crecimiento de los pueblos del entorno de Vitoria no tienen sentido. Según él, es importante que se cree una zona de transición desde la capital alavesa al resto de la provincia, en donde la densidad de población es mucho más baja. El 98% de las viviendas previstas en el Plan General corresponden al núcleo urbano de Vitoria.

A la espera de que las reuniones entre las dos instituciones permitan desbloquear el conflicto, el plan sigue su curso y entrará en vigor hoy, día que aparecera publicado en los boletines oficiales.