Miles de funcionarios reclaman 'negociación colectiva ya' en las calles de las tres capitales
Tres manifestaciones paralelas discurrieron por las calles centrales de las tres capitales de provincia para desembocar en las respectivas sedes de las delegaciones del Gobierno. Unas 7.000 personas en Valencia, según los organizadores, 2.000 según la Policía Local, protagonizaron la marcha más numerosa. En Castellón se concentraron 300 manifestantes, informa María Fabra, y mil en Alicante, informa Carlos Arcaya.
Representantes de las diversas federaciones de Servicios Públicos, Sanidad y Educación de los sindicatos UGT, CCOO, STEPV, CSIF y Cemsatse encabezaron las respectivas manifestaciones. Rafael Recuenco y Joan Xifre, secretarios generales de UGT y CCOO del País Valencià, ocuparon un discreto segundo plano en apoyo de los representantes de los funcionarios. También se dejaron ver varias diputadas autonómicas del Grupo Socialista y Joan Ribó, portavoz de Esquerra Unida.
Teresa Conca, de la Federación de Sanidad de CCOO, leyó el manifiesto conjunto pactado por las cinco centrales sindicales ante la sede de la Delegación de Gobierno en Valencia. Desde el Gobierno y el Consell 'se continua intentando limitar un derecho básico de las personas trabajadoras como es el de la negociación colectiva e intentando modificar a su capricho los acuerdos o pactos alcanzados con las organizaciones sindicales', leyó Conca.
El texto recuerda que el Consell impuso un aumento salarial del 2% para el presente ejercicio, que se cerró con un IPC del 4%, y negó a los sindicatos cualquier posibilidad de negociarlo. La extensión automática a los funcionarios autonómicos de la sentencia de la Audiencia Nacional que anula la congelación salarial impuesta en 1997 constituyó sólo un punto más de las reivindicaciones, que se extienden al establecimiento de cláusulas de revisión salarial, denuncian la precariedad en el empleo público y apuestan por la inmediata redacción de un Estatuto de la Función Pública.
La Generalitat evitó cualquier comentario sobre las protestas. Sólo Vicente Rambla, consejero de Hacienda, reiteró en los pasillos de las Cortes que la sentencia de la Audiencia Nacional no afecta a la Administración autonómica.
