Putin abre una investigación sobre la posible corrupción de su fiscal general
Vladímir Putin prometió el 29 de enero a la cúpula de la cadena de televisión NTV que investigaría la denuncia de irregularidades en la entrega de un piso del Estado al fiscal general, Vladímir Ustínov, que tiene contra las cuerdas a ese canal privado y a todo el imperio de Vladímir Gusinski. Ayer se supo que el presidente ruso ha cumplido su promesa y ha pedido que se le presente en 10 días un informe que aclare todas las dudas.
La NTV aseguró que el Departamento de Bienes del Kremlin (que dirigía el hoy encarcelado en Nueva York Pável Borodín) entregó indebidamente un amplio apartamento a Ustínov y que éste ni siquiera pagó los impuestos correspondientes. La sospecha que se dejaba flotar era que, en realidad, se trató de un pago encubierto para que la fiscalía cerrase los ojos ante los indicios de corrupción que han terminado con Borodín reclamado por la justicia suiza.
El antiguo tesorero del Kremlin (que cayó estúpidamente en manos del FBI) fue objeto de una orden internacional de busca y captura por blanqueo masivo de dinero procedente de supuestos sobornos de dos empresas helvéticas para la concesión de obras estatales.
Un tribunal de apelación de Moscú dio la razón en segunda instancia a Ustínov, dictaminó que la adquisición del apartamento fue totalmente legal y ordenó rectificar a la NTV. Yevgueni Kiseliov, director de la cadena, afirma que recurrirá la sentencia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Es difícil creer que la investigación cueste la cabeza al fiscal general, habida cuenta del doble rasero con que el Kremlin trata a amigos y enemigos. Pero hay especulaciones de que un próximo reajuste de Gobierno (que podría afectar al mismísimo primer ministro, Mijaíl Kasiánov) incluirá el relevo de Ustínov por un miembro del equipo peterburgués de Putin, Dimitri Kozak.
Hace unas semanas, una hija de Vasili Kolmogórov (el vicefiscal que se ocupa del caso Gusinski) fue retenida en el aeropuerto de Moscú cuando se disponía a viajar a Suiza (donde estudia) con más divisas de las permitidas. El diario Kommersant aseguró entonces que el costo medio de un curso en un colegio privado helvético es de unos nueve millones de pesetas al año. Un general de la fiscalía (como Kolmogórov) gana 70.000 al mes.
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