El Ayuntamiento se personará en el caso de la nave siniestrada en Alcalá
Los cuatro portavoces del Pleno del Pleno del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (PSOE, PP, IU y PA) se reunieron al mediodía de ayer para analizar los primeros informes elaborados por técnicos municipales e inspectores de trabajo sobre las posibles causas del accidente que el viernes costó la vida a tres obreros que trabajaban en la costrucción de una nave en esta localidad sevillana e hirió gravemente a otro.
Tras esta junta extraordinaria, el concejal de seguridad ciudadana, Francisco Pérez Moreno, anunció que el Ayuntamiento se personará judicialmente en el caso. Pérez Moreno anunció también que se va a constuituir una comisión permanente 'para recabar toda la información posible y ponerla en manos de la juez'. El Ayuntamiento encargará además un informe pericial a 'expertos independientes' para determinar las causas del derrumbe. Fuentes municipales aseguraron en la tarde de ayer que esperan que este informe esté listo en dos semanas y que hasta entonces el Ayuntamiento no tomará ningún tipo de determinación.
El concejal de seguridad ciudadana no quiso adelantar ninguna de las hipótesis que se barajan, por ahora, como posibles causas del siniestro. Pérez Moreno sí subrayó que el proyecto de la nave derrumbada, incluída en el polígono industrial Alcalá 10, no había sufrido modificaciones y estaba sometido a 'permanentes controles de calidad' a cargo de la empresa Versevi. 'Hasta este momento, nunca se había detectado ninguna anomalía en los procesos de construcción', aseguró el concejal, quien, sin embargo, no pudo precisar, cuándo se realizó el último de estos controles de calidad.
El concejal señaló, además, que en la seguridad de la obra trabajaban tres personas: un arquitecto técnico del Ayuntamiento, un representante de la empresa Martín Casillas -adjudicataria del proyecto- y otro más de Setoc -una de las subcontratas de la obra-.
En cuanto a si los trabajadores cumplían los requisitos legales para desempeñar su labor, Pérez Moreno afirmó que la empresa les ha proporcionado 'las garantías verbales de que todo el mundo que trabaja en esa obra está dado de alta en la Seguridad Social'. 'No nos lo ha acreditado', precisó, ' pero sí nos ha dicho que está en disposición de facilitárselo al Juzgado en todo momento'
La titular del juzgado número 1 de Alcalá, Virginia de Abajo, ha tomado ya declaración a dos testigos del derrumbe, los gruístas que se encontraban trabajando en el momento del accidente. La juez está estudiando además la posibilidad de encargar un informe pericial sobre las causas que provocaron el desplome y ya ha solicitado al Ayuntamiento toda la información admistrativa sobre la obra que se lleva a cabo en la nave siniestrada. Por su parte, representantes de las empresas Martín Casilla y Setoc han asegurado al Ayuntamiento que tienen en regla toda la documentación de la obra y que la pondrán también a disposición del juzgado.
Mientras tanto, el joven que sobrevivió al derrumbe, Felipe Ángel Cañete, de 27 años, continuaba ayer ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Según fuentes del centro sanitario su pronóstico seguía siendo muy grave.
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