Una sentencia revela irregularidades en una residencia de Soria

Una sentencia del Juzgado número 2 de lo social de Soria, que declara improcedente el despido de una terapeuta ocupacional y una administradora general de la residencia San José en Burgo de Osma, declara como probados unos hechos que habían sido denunciados por las despedidas. En la residencia, dependiente de la Diputación y gestionada por las Hijas de la Caridad, se mezclan 'ancianos, enfermos psiquiátricos crónicos y deficientes mentales ingresados en su mayoría por motivos sociales, al margen de los dispositivos sanitarios de Salud Mental'; incluso hay minusvalías como sordomudez o ceguera.

La sentencia constata que hubo en el centro 'habitaciones de agudos' (que un informe de la Asociación Española de Neuropsiquiatría de agosto pasado calificó de 'celdas de castigo').

El fallo judicial señala que las autoridades de la residencia 'no han puesto en conocimiento del Ministerio Fiscal la existencia de posible causa de incapacitación en buen número de residentes', que fue comunicada en julio por el Juzgado de Instrucción de Burgo de Osma, y añade que 'la gestión de los ingresos de los enfermos y deficientes, fundamentalmente pensiones, se realiza por la directora del centro, que tiene las cartillas' para el control de gastos.

Juicio

Las trabajadoras despedidas, Susana Orozco y Lourdes Revuelto, aseguran que durante años pidieron entrevistarse con María Jesús Ruiz, persona del entorno del presidente de Castilla y León, Juan José Lucas (nacido en Burgo de Osma), hoy diputada nacional del PP, y hasta julio presidenta de la Diputación soriana.

En marzo el informe de las trabajadoras se filtró a la prensa. Ruiz habló de ir a los tribunales. El caso entró en vía judicial y la Diputación se personó. La Audiencia Provincial lo sobreseyó provisionalmente, al no encontrar delito por parte de la residencia.

El Juzgado de Instrucción de Burgo de Osma pidió a los servicios médicos de San José informes de cada interno, y aparte de hablar de 'la celda de aislamiento' menciona la 'total evidencia' de que, en fechas de elecciones, varios internos fueron 'auxiliados por empleados del centro que ponen a su disposición sobre y papeleta de voto ya introducida o cumplimentada'. Además, califica de 'singularísimo y oscuro proceder' el que la Diputación abra una cuenta conjunta con cada interno con el dinero de éste para atenderle y, si el interno muere, el remanente pase a la Diputación'.

En agosto, la Asociación Española de Psiquiatría, a petición de Jesús Bárez, diputado del Grupo Mixto y de Alternativa Soriana Independiente (ALSI), constata 'la incongruente mezcla cualitativa de residentes', los ingresos 'sin estudio clínico', señala que hay residentes que pueden ser definidos como 'personas retenidas ilegalmente' y denuncia la 'ausencia total de psiquiatras' en San José.

'Es como un manicomio del siglo XIX', llegó a decir Bárez, 'y es hora de afrontar responsabilidades políticas. Los pacientes están fuera de la red de Salud Mental'.