Neoliberalismo y cinismo en la política de cooperación
Las cíclicas tragedias que asolan a países empobrecidos (Nicaragua, Mozambique, El Salvador, India) y las oleadas intermitentes de inmigrantes demandan la articulación de una política de cooperación de mayor alcance que la que tenemos en la actualidad. El envío de aviones con primeros auxilios y las leyes represivas de extranjería no pueden encubrir la inexistencia de una política correcta de emergencia y ayuda humanitaria y de una política que vincule el problema de la inmigración con el tema del codesarrollo. Deberíamos aprender de la política francesa basada en los planteamientos de Sami Naïr.
Las carencias de la actual política de ayuda humanitaria y de emergencia se insertan dentro de una política global de cooperación que añade a sus males crónicos una orientación neoliberal que la aleja cada vez más de lo que debería ser su objetivo prioritario: la lucha contra la pobreza en los países del Sur. España carece de una política de prevención y anticipación ante el crecimiento de catástrofes de diverso signo. Existe una gran desconexión entre los primeros auxilios y la reconstrucción a medio y largo plazo. Una política de emergencia como la actual, basada en donaciones de bienes y medios de primera necesidad y concesión de créditos FAD, es claramente insuficiente.
La falta de planificación de este tipo de política se revela claramente en el hecho de que la AECI tiene que competir deslealmente con las ONG recabando ayuda económica a los ciudadanos para que el Gobierno español pueda auxiliar al país damnificado. Es éste un comportamiento grotesco y cínico. Un país con superávit fiscal no dispone de recursos públicos para su política de ayuda humanitaria y ha de convertirse en una ONG de coyuntura para cumplir con un deber estatal de solidaridad internacional. El neoliberalismo que el actual secretario de Estado de Cooperación ha imprimido a esta política específica llega en este comportamiento a su apogeo. El 'Estado mínimo' lo es tanto que pide limosna ciudadana para cumplir con sus obligaciones internacionales, aunque de paso reduzca la capacidad de recaudación y maniobra de las ONG como canales de solidaridad internacional entre las sociedades civiles de los respectivos países.
Indigna la condolencia gubernamental por el sufrimiento de nicaragüenses, mozambiqueños, salvadoreños o indios que sufren una catástrofe puntual, cuando ese mismo Gobierno, en una situación de bonanza económica y aumento de ingresos públicos, destina unos recursos mínimos a la financiación de la lucha contra la pobreza internacional, que, por cierto, es el máximo generador de esas oleadas inmigratorias que quieren resolverse por vías policiales. Si hay un momento para tener presentes las imágenes de los damnificados que doblegan de dolor a nuestros mejores conciudadanos es el de la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado. Y es en este cruce de imágenes y asignación pública de recursos donde podemos observar la obscenidad del cinismo que envuelve las lágrimas de cocodrilo de quienes lamentan la miseria de los damnificados y se niegan año tras año a articular y financiar generosamente una política de cooperación integral y de calidad. La comparación de algunos datos es bien ilustrativa: en los actuales presupuestos se asignan a la AECI (Agencia Española de Cooperación Internacional) 40.520 millones de pesetas; esta cantidad es, por ejemplo, sustancialmente inferior al gasto presupuestado en I+D militar, que asciende a 241.000 millones de pesetas. Hay que tener en cuenta que el presupuesto para el Ministerio de Defensa, que supera el billón de pesetas, ha crecido en 43.000 millones de pesetas, una cantidad superior a la de todo el presupuesto de la AECI.
Este Gobierno que necesita competir como una ONG más para poder suministrar ayuda de emergencia es el que a través de una política fiscal regresiva y antisolidaria ha dejado de ingresar más de seis billones de pesetas por deducciones fiscales. No se tienen recursos para ayudar a los miserables del Sur, pero sí para compensar a las pobres empresas eléctricas o resolver en menos de 15 días el problema del gasóleo con un coste de 120.000 millones de pesetas. España destina a su política de AOD (Ayuda Oficial al Desarrollo) el 0,23% de su PIB, lo que le sitúa en los últimos lugares de los países donantes de la OCDE (ocupa el puesto 19 entre los 22 países donantes).
El problema de nuestra política de cooperación no es sólo de escasa financiación. Mucho peor es la orientación de la misma, la cual queda reflejada en la perspectiva neoliberal que impregna el actual Plan Director del Gobierno. No podía ser de otra forma, pues el actual secretario de Estado es uno de nuestros más significados ultraliberales. Nombrar a una persona de este perfil ideológico al frente del organismo estatal de solidaridad internacional es uno de los mayores despropósitos que ha cometido el presidente Aznar. Con todo descaro, se pretende subordinar nuestra política de cooperación a la promoción de los intereses económicos de las empresas españolas en los países del Sur, al incremento de nuestro comercio exterior y al reforzamiento de los objetivos políticos gubernamentales en América Latina, Asia y África. La política de cooperación pierde su autonomía al convertirla en un instrumento de una peculiar política exterior, en vez de ser un medio autónomo de la política estatal de lucha contra la pobreza internacional. Además se van a condicionar y vincular las ayudas a las ONG al cumplimiento que éstas hagan de los objetivos del Gobierno, lo cual las va a convertir en una especie de subcontratas de la política estatal de AOD, dificultando su necesaria autonomía e independencia. La lógica neoliberal produce estas aberraciones.
El sufrimiento de los damnificados en las catástrofes y el de los inmigrantes muertos en el mar o explotados en nuestras tierras exige que la política de cooperación adquiera una mayor centralidad. Tanto en los Gobiernos del PSOE como en los del PP ha sido una política menor y marginal. Ha llegado la hora de que tanto la sociedad civil solidaria como la oposición de la izquierda plural fuercen al Gobierno a cambiar y reorientar su política de cooperación. Debemos instaurar un nuevo modelo que otorgue prioridad a la condonación y reinversión de deuda externa en planes nacionales de lucha contra la pobreza e instaure una nueva política de codesarrollo e inmigración.
Rafael Díaz-Salazar es profesor de Sociología en la Universidad Complutense.
