Golpes privados

Vecinos que piensan que los labios rotos del niño triste de su calle no son asunto suyo. Conductos administrativos en los que se atascan informaciones fundamentales sobre la incapacidad de un padre. Frecuentes cambios de residencia que complican el control de una familia con graves problemas económicos. El resultado de éstos y otros lamentables despropósitos administrativos y sociales permitieron que, el pasado 27 de enero, un niño de seis años de Llagostera (Gironès) fuera brutalmente apaleado por su padre, un alcohólico crónico que permanece en prisión. La violenta agresión conmocionó a la opinión pública. Un análisis pormenorizado del caso demuestra que los indicios para advertir el riesgo que corría el menor eran evidentes, pero no llegaron a quien tenía la posibilidad de protegerlo.

La titular del juzgado número 4 de Girona, Loreto Campuzano, fue quien dio la custodia del menor a su padre, limitándose a aprobar lo que para ella era un simple procedimiento de separación matrimonial de mutuo acuerdo. La juez, que ha mostrado en anteriores sentencias y resoluciones que la seguridad del menor prevalece por encima de cualquier consideración, no tuvo conocimiento de que el hombre padecía una incapacidad del 66% a causa de sus problemas de alcoholismo crónico y alteración de conducta. En aquel caso, según se desprende de una nota de la junta sectorial de jueces de Girona remitida a este diario, la fiscalía de menores no se opuso a que el padre tuviera la custodia del niño y la juez la firmó desconociendo que existía un elevado riesgo.

'Habida cuenta que, en los procedimientos de separación matrimonial, de mutuo acuerdo, el juez, de no existir oposición del ministerio fiscal, en caso de haber menores, y siempre que de la causa no se desprenda la existencia de una situación de riesgo para los mismos, se limita a aprobar el convenio de separación elaborado por los padres', aseguran los jueces de primera instancia de Girona.

No había constancia

En la misma nota se afirma que 'no consta en las actuaciones' la existencia de circunstancias que aconsejaran no dar la custodia al padre, como acordó la pareja. Con toda seguridad, la decisión de la juez habría sido distinta de conocer las alteraciones de conducta y los problemas de alcoholismo crónico que llevaron al padre a agredir a su hijo. Estas agresiones llegaron al límite la noche en que el menor debió ser hospitalizado.

El Departamento de Justicia, que llegó a rechazar en noviembre hacerse cargo del menor posteriormente agredido, alega que no existían informes sobre el riesgo del niño porque sólo tenían constancia de problemas económicos, pero nunca de maltrato. Ahí es fundamental, aseguran, la actuación de familiares o vecinos para alertar a las autoridades sobre posibles agresiones. Vecinos del menor reconocieron que no les sorprendió la agresión paterna y alguno llegó a afirmar haber visto al niño con un labio partido. Otro de los factores que dificultaron la detección de los malos tratos fueron los constantes desplazamientos familiares: Salt, Barcelona, Llagostera. 'La movilidad complica el seguimiento', aseguró ayer una portavoz de Justicia.

El menor pudo dejar el hospital hace una semana y, desde entonces, permanece ingresado en un centro tutelar de Girona. Dos días después de la agresión, la Generalitat se hizo cargo de la tutela.

La madre permanece en libertad, aunque acusada de omisión de socorro a su hijo.