Portugal ignora peticiones españolas sobre cooperación antiterrorista

Sin explicación alguna para las autoridades españolas, el Gobierno socialista portugués que dirige António Guterres ha pasado de denegarle el asilo político a José Luis Telletxea, la residencia y ordenar su abandono voluntario del país, a reconocer, la pasada semana, que le sería concedido inmediatamente el título de residente como ciudadano comunitario en Portugal, aunque fuese como indocumentado.

El propio ministro del Interior luso, Nuno Severiano Teixeira, reconoció nada más concluir la cumbre bilateral de Sintra, a finales de enero, que 'la no concesión de residencia en Portugal no implicaría su expulsión a un tercer país', como reclama España desde hace años, tras rechazarse su extradición. La cumbre hispano-lusa puso de manifiesto que las heridas abiertas entre Madrid y Lisboa durante la pasada cumbre europea de Niza por el pulso mantenido entre ambos Gobiernos por los votos de cada país en el Consejo Europeo están lejos de haber cicatrizado. El responsable de Interior precisó que los tratados europeos, que España apoya, podrían impedir la expulsión de un ciudadano comunitario, aunque esté indocumentado, dado que tiene garantizada la libre circulación. Telletxea está acusado en España de haber facilitado a ETA, en más de 30 pasos ilegales de frontera, más de 500 kilos de amonal, con los que se cometieron diversos atentados, como el realizado contra el cuartel de la Guardia Civil en Llodio (Álava, el 26 de junio de 1985). Asimismo está acusado de haber refugiado en Francia a varios miembros de la organización terrorista y de haber usado automóviles de su propiedad en el transporte de los mencionados explosivos.

La directora regional del Servicio de Extranjeros y Fronteras (SEF) para el área de Lisboa, María José Lima Ramos, responsable directa del caso, asegura sin embargo que, en la fase actual, 'si Telletxea presentase un documento de identidad válido le sería concedida la residencia comunitaria en Portugal de forma inmediata' y, en caso contrario, quedaría 'como ciudadano indocumentado, pero no en situación ilegal, y su expulsión no sería muy viable, dado que le asiste la libre circulación'. Lima admitió la posibilidad de expulsarlo vía administrativa, pero explicó que 'sería una decisión política que no me cabe a mí decidir'.

El Gobierno portugués rechazó la negociación de un convenio judicial para la entrega inmediata de terroristas o narcotraficantes, similar al firmado con Italia, por supuestos problemas constitucionales. España lo negocia actualmente con Francia, Alemania y Bélgica.

Juzgado en Portugal

Para colmo, el ministro de Justicia portugués, António Costa, declaró poco después de la cumbre de Sintra al diario Público que 'la extradición de Telletxea no hubiera sido concedida por ningún país'. 'Que yo sepa', añadió, 'el único país donde Telletxea Maia fue juzgado y condenado fue en Portugal (por uso de pasaporte falso). Y además él nunca fue acusado de nada en España; sólo es sospechoso de pertenecer a ETA'. Este periódico intentó sin éxito conseguir una aclaración del ministro sobre estas afirmaciones. El ministro del Interior luso tampoco respondió. António Guterres explicó durante la rueda de prensa de la pasada cumbre bilateral que el Ministerio del Interior tomaría una pronta decisión sobre el caso, aunque todo indica que el asunto seguirá tramitándose durante meses.

Telletxea Maia presentó el pasado mes de julio un recurso fuera de plazo contra la denegación de su residencia. El asunto quedó aparcado hasta que, en el mes de diciembre y a poco de la cumbre bilateral, el secretario de Estado, Carlos Zorrinho, aceptó parte de sus alegaciones y ordenó la retramitación de todo el proceso. Telletxea Maia no ha presentado ningún documento de identidad válido, pero tiene abiertas las vías de los recursos administrativos y judiciales ante la decisión del SEF. Un asunto que podría retrasarse meses o años.

Telletxea Maia se refugió en Portugal en 1994-95, cuando el cerco policial se estrechaba contra él en España y Francia. Fue detenido en el aeropuerto de Lisboa en marzo de 1996, cuando intentaba huir a Venezuela con un pasaporte falso, un detalle también insólito en un simple y honrado ciudadano comunitario. Su extradición a España fue denegada por las autoridades judiciales lusas por razones formales. Entre otras cosas, el Tribunal Supremo portugués afirmaba que los cargamentos de explosivos no podrían considerarse 'instrumentos dañinos', dado que el 'nitrato en cuestión, no acompañado de detonadores, es inofensivo'. Siguiendo esa línea, la sentencia concluía que, 'en consecuencia, el tribunal sólo debería considerar el transporte de material, no especificado, pero sin que se le aprecie la conciencia que el reclamado tenía de dicho transporte', y aseguraba que 'los recelos de tortura (en España) son una realidad', a la vista de algunos informes presentados por el entorno habitual de la organización terrorista.