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LOS PROBLEMAS DE LOS INMIGRANTES

Zapatero reconstruye la unidad del partido sobre la Ley de Extranjería

Los 'barones' socialistas asumen las razones de su líder para no recurrir al Constitucional

Anabel Díez

En la localidad palentina de Magaz de Pisuerga y ante varios centenares de dirigentes y militantes socialistas, Zapatero declaró que si el Ejecutivo no consigue un pacto en materia de inmigración se podrá afirmar que es un Gobierno fracasado. El líder del PSOE manifestó que aún alberga la esperanza de llegar a las próximas elecciones con un acuerdo en este asunto. En caso contrario, dijo, habrá una mayoría social que cambie la Ley de Extranjería.

Desde esta convicción, Zapatero rechaza recurrir la norma ante el Tribunal Constitucional, tal y como pretenden las Cortes de Aragón, y, por tanto, no considera pertinente que el Gobierno de Castilla-La Mancha emprenda una iniciativa similar. 'Quiero cambiar la Ley de Extranjería con el voto de los ciudadanos, y no en los tribunales', manifestó.

La desautorización de la ejecutiva federal del PSOE a la iniciativa de las Cortes de Aragón y a la intención del Gobierno de Castilla-La Mancha fue expresada el viernes por el portavoz parlamentario del partido, Jesús Caldera, y no cayó en saco roto.

El secretario de organización de los socialistas aragoneses, Víctor Morlán, aunque afirmó que la ley es 'nefasta' y 'hay que luchar contra ella', apoyó la postura de su partido de no presentar un recurso de inconstitucionalidad contra ella, informa Efe.

Morlán explicó que la posición de su partido es que la presentación del recurso serviría de poco, ya que su tramitación se demoraría entre tres y cuatro años. Por ello dijo preferir otras alternativas para 'luchar' contra la norma, como 'convencer a la ciudadanía y al Gobierno de que existen otras medidas mejores'. En este sentido, aludió a la batería de propuestas presentadas por el grupo parlamentario socialista en el Congreso de los Diputados para resolver los problemas de los inmigrantes que no tienen sus papeles en regla.

También el presidente de Castilla-La Mancha, José Bono, declaró que, aunque la ley le 'repugna', no tomará ninguna decisión sin atender la opinión al respecto del secretario general, 'porque éste es un asunto político y no territorial'. Con esta precisión, Bono quiso dejar claro que su voto favorable al Plan Hidrológico se justifica, al igual que el de Extremadura, porque es materia propia de su competencia, cosa que no sucede con la Ley de Extranjería.

Declaración de unidad

Bono trató de desmentir diferencias entre la ejecutiva federal y él mismo, por más que haya encargado un informe sobre la ley para ver si es susceptible de recurso ante el Tribunal Constitucional: 'No se puede ahondar en un agujero que no existe, por mucho que se quiera fabricar esa imagen', dijo.

Rodríguez Zapatero contribuyó a minimizar el conflicto que ha hecho aparecer a algunos presidentes autonómicos defendiendo posiciones distintas a las de la ejecutiva federal. 'Recomiendo al Partido Popular que no pierda el tiempo en buscar problemas entre nosotros y que intente otra vía para recuperar credibilidad', declaró. Añadió que es 'poco partidario del pensamiento único': 'Los presidentes autonómicos, y todo el partido, pueden expresar libremente sus opiniones. La pluralidad es un valor y no una rémora. Esto es lo que pienso, frente a los que pueden tener una visión obsoleta de la cohesión'.

Momentos antes, José Bono se había alineado con los mismos valores expuestos por el secretario general: 'Yo he aprendido mucho', dijo, 'no tanto sobre el valor de la disciplina como del de la cohesión y la responsabilidad'.

El presidente de Castilla-La Mancha añadió: 'Los presidentes autonómicos del PSOE no somos funcionarios del partido, sino que tenemos otra función'.

En este punto, también coincidió con Rodríguez Zapatero, quien pidió 'respeto' hacia los gobernantes autonómicos y su obligación de defender los intereses de sus regiones.

'Que nadie se engañe', zanjó, 'hay una unidad sincera, muy intensa, en el partido, y vamos a ser capaces de presentar juntos un proyecto nacional'.

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Sobre la firma

Anabel Díez
Es informadora política y parlamentaria en EL PAÍS desde hace tres décadas, con un paso previo en Radio El País. Es premio Carandell y Josefina Carabias a la cronista parlamentaria que otorgan el Senado y el Congreso, respectivamente. Es presidenta de Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP).

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