Lecciones inacabadas de una no fusión

La fusión entre Endesa e Iberdrola era una contradicción en sus términos: se necesitan empresas grandes para competir en un mundo globalizado, pero al mismo tiempo España es una isla eléctrica y cualquier concentración entre sus operadores contribuye a aumentar el grado de oligopolización. Una vez fracasada la fusión se pueden establecer algunas lecciones coyunturales, teniendo en cuenta que la historia completa de esta operación frustrada será objeto sin duda de libros, tesis doctorales y estudio en las escuelas de negocios.

Ha habido un cambio permanente de las reglas del juego, lo que ha generado inseguridad jurídica entre los empresarios españoles y aquellos que están dispuestos a trabajar en nuestro país. Cualquier conversación en el mundo empresarial destaca hoy recurrentemente esta característica de la acción económica del Gobierno: que genera incertidumbres. Ello no es específico del sector eléctrico: recuérdese la permanente intervención en la privatizada Telefónica de Juan Villalonga (para nombrarle, para destituirle). En el sector eléctrico ha habido una negación del Gobierno a la fusión entre Unión Fenosa e Hidrocantábrico; la simpatía inicial a la de Iberdrola y Endesa; el cambio en la normativa de los costes de transición a la competencia; la variación a las condiciones del Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) para autorizar la fusión entre Endesa e Iberdrola (cuya primera recomendación, dado su carácter consultivo, había sido negativa); y distintos puntos de vista sobre la presencia de empresas con capital estatal o local foráneo en las operadoras españolas.

Ha habido un intervencionismo arbitrista, no un intervencionismo regulador. En el sector energético, al igual que en otros como el del agua, es casi imposible que funcione la competencia si no se adopta una regulación que tenga en cuenta la necesidad de hacer fuertes inversiones y la exigencia de que los productos (la electricidad, el gas, el agua) transcurran por unas redes que, normalmente, no tiene sentido duplicar.

Operaciones como la frustrada fusión -por un error de cálculo de sus protagonistas económicos y políticos- generan una enorme concentración de poder económico. Coincido con Félix de Azúa en el sorprendente silencio ante el artículo del ex presidente de Gobierno Felipe González en estas páginas sobre esa concentración (Llueve sobre mojado, EL PAÍS del 18 de enero pasado). Hace ya muchos años que el economista Juan Muñoz escribió un libro titulado El poder de la banca en España, que sería muy útil actualizar para conocer el desarrollo de la concentración económica en España y la cara del capitalismo actual. Decía González que de las 11 empresas privatizadas por el PP en la anterior legislatura, 10 estaban presididas por personas designadas por el Gobierno, que provenían de la economía financiera y no han tenido nada que ver con la creación y desarrollo de las empresas que hoy están en sus manos. La capitalización de las empresas con presidentes nombrados por el PP equivale al 47,6% del mercado de valores, un 26% del PIB español. Si a ello se le suma la mayoría parlamentaria absoluta, el control de medios de comunicación (periódicos, radios, televisiones) y los intentos de neutralizar la actuación independiente de la justicia (no pasa un día sin que el Ejecutivo critique una sentencia), el panorama no es muy tranquilizador.

¿Cuál es el paisaje después de la batalla? La operación rota nos remite a la situación de salida, lo cual es inquietante. Si la fusión se había vendido como una liberalización del sector eléctrico, la realidad es un no mercado, una no competencia y una subasta generalizada de OPA. Todos contra todos. ¿Habrá nuevos oferentes de energía para los ciudadanos?