El monstruo de Frankenstein

Durante el mitin celebrado en Santiago de Compostela el pasado domigo para proclamar a Fraga -por cuarta vez consecutiva- candidato a la Xunta de Galicia, el presidente Aznar anunció su vehemente deseo de 'bajar a la tierra' para ocuparse de las 'cositas' que preocupan a los mortales. Ese propósito merece aplauso: dado que, a diferencia del presidente fundador y jacobeo cuasi-vitalicio (un hermoso modelo de aferramiento al poder), Aznar se ha comprometido a no permanecer al frente del Gobierno más dos mandatos seguidos; sólo le quedan tres años de legislatura para solucionar los problemas que sus torpes ministros parecen incapaces de afrontar.

Sirva como ejemplo de esas dificultades el fracaso de la fusión de Endesa e Iberdrola puesta en marcha el 17 de octubre de 2000: sus respectivos consejos de administración se negaron el pasado lunes a tragar las condiciones impuestas el 2 de febrero por el Consejo de Ministros para llevarla a cabo.

La historia de ese tropiezo arranca del dictamen sobre la operación, emitido a finales de enero por el Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC); este organismo administrativo de carácter consultivo y no vinculante consideró 'por unanimidad' que la proyectada fusión 'crearía una posición de dominio', capaz de obstaculizar la competencia efectiva en el mercado de la electricidad, 'por lo que resultaría adecuado declararla improcedente'.

A juicio del TDC, la absorción de Iberdrola por Endesa sólo hubiese resultado aceptable, desde el punto de vista de los consumidores, en el supuesto de que la nueva entidad diese 'al menos' cumplimiento a un listado de condiciones restrictivas sobre los porcentajes máximos a ocupar en los mercados de generación, distribución y comercialización de energía y pusiera a la venta en pública subasta, y a fecha fija, una considerable parte de sus activos.

El desfavorable dictamen del TDC situó al Consejo de Ministros en los cuernos de un incómodo dilema. Si hacía suyo -como parecía de cajón- el pronunciamiento de la institución reguladora, no le quedaban otras salidas que vetar directamente la operación o convertirla indirectamente en inviable al imponer unos requisitos previamente rechazados por Endesa e Iberdrola.

Pero si el Gobierno se alejaba en exceso del veredicto del tribunal y se aproximaba demasiado a las posiciones de las eléctricas, quedaría con las vergüenzas al aire y mostraría su complicidad con la estratagia de las empresas.

A la vista de la situación, Aznar decidió tirar por la calle de enmedio, aprobar la fusión y suavizar las exigencias del TDC. El decreto complementario sobre los costes de transicion a la competencia (CTC), deducibles de las plusvalías obtenidas por la entidad resultante en la venta de sus activos, fue una manera de aprovechar el viaje para firmar las paces con la Comisión Europea, opuesta a los abusivos CTC concedidos inicialmente a las eléctricas.

La cándida versión según la cual el Gobierno mantenía una posición de neutralidad ante la fusión de Endesa e Iberdrola es un encantador cuento de hadas: ¿alguien definiría a Rodolfo Martín Villa, un político profesional y dirigente del PP en excedencia, como un empresario independiente? ¿Por qué fracasó, entonces, una operación promovida y alentada desde el poder? La razón tal vez sea que el procedimiento empleado por el Gobierno para fabricar la fórmula de la macrofusión mediante una incoherente yuxtaposición de materiales de distinto origen (el dictamen del TDC, los deseos de las eléctricas, los problemas con Bruselas) ha tenido tan poco éxito como el doctor Frankenstein al construir su monstruo.

Las diferencias entre Endesa e Iberdrola, de una parte, y las tensiones derivadas de los diversos objetivos perseguidos por la tecnoestructura gerencial y por los principales accionistas de ambas empresas hicieron descarrilar en última instancia la operación, ante la sorpresa del Gobierno.

La 'bajada a la tierra' de Aznar para ocuparse de la fusión confirma las invencibles pulsiones intervencionistas de una Administración que se proclama liberal, pero que no pierde ocasión de cortar los trajes a la medida de sus clientes y de cambiar unilateralmente las reglas de juego a la mitad del partido.

Nada mas lesivo para la seguridad jurídica que un árbitro decida sobre la marcha transformar un encuentro de fútbol en otro de baloncesto; la atribución gubernamental al Servicio de Defensa de la Competencia de poderes para intervenir discrecionalmente en el proceso de fusión una vez aprobado fue la gota que desbordó el vaso del arbitrismo.