Los rectorados darán la batalla jurídica para evitar que la Generalitat 'controle' los consejos sociales

La posibilidad de que la Generalitat se haga con el control de hecho de la gestión universitaria mediante los cambios previstos en la composición, estructura y competencias de los consejos sociales de la Universidad -desarrollados en el anteproyecto de ley entregado el miércoles a los rectores- ha disparado la alarma en el sistema universitario público valenciano. 'Las universidades harán una evaluación crítica', adelantó el rector en funciones de la Universidad de Alicante, Salvador Ordóñez, quien se limitó a precisar: 'No es que la universidad no esté dispuesta a someterse a un determinado control. Agradecemos la colaboración de la sociedad, pero no el intervencionismo político', en referencia al peso político que se reserva la Generalitat, en alianza con las patronales, al diseñar un órgano en el que designarán a 20 de los 35 miembros. 'Éste es el aspecto de más calado', coinciden fuentes de la Universidad de Valencia y de la Politécnica.

En definitiva, la sobrerrepresentación política y 'el incremento de las competencias económicas y de gestión universitaria', que quedaría blindado con 'rango de ley', edificado sobre una potente estructura administrativa paralela a la académica, son los aspectos jurídicos en los que trabajan los rectorados y los servicios jurídicos para evitar 'el intervencionismo' y medir las consecuencias de la entrada en funcionamiento de la futura ley. 'Se está realizando una exhaustiva evaluación sobre la posible repercusión negativa que pudiera tener, no la ley en sí misma, sino su aplicación y desarrollo reglamentario sobre la autonomía universitaria'.

El consejero Manuel Tarancón rechazó ayer este extremo asegurando que 'todas las modificaciones introducidas en el borrador están en vigor en las leyes de otras autonomías'. Un principio que es cierto, pero incompleto. Lo inédito del modelo Zaplana es que introduce de golpe más de medio centenar de modificaciones realizadas en los consejos sociales de 15 autonomías, cuyo resultado es un potente instrumento jurídico de consecuencias difíciles de evaluar (deroga las leyes vigentes desde 1985 y obliga a cambiar los Estatutos universitarios).

Con todo, y en previsión a las críticas de los rectores, el Consell anexó al proyecto un 'argumentario' en el que subraya que 'los consejos sociales son un órgano de la Universidad y, por tanto, el ejercicio de sus competencias no vulnera la autonomía universitaria, en tanto son ejercidas por la propia Universidad a través de un órgano propio como es el consejo social'. Sin embargo, este argumento, según juristas consultados, 'no garantiza por sí sólo que el ulterior desarrollo y aplicación de la ley se sitúe al borde de la inconstitucionalidad'.