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El Consell se escudó en el criterio del Gobierno para congelar el salario de los funcionarios

El 30 de septiembre de 1996 a las 12.20 horas se reúne la mesa general de negociación de la Función Pública presidida por José Joaquín Ripoll, entonces consejero de Presidencia. En torno a la mesa se sientan secretarios y directores generales de las consejerías de Hacienda, Sanidad, Educación y Administraciones Públicas (entonces Presidencia) frente a representantes de los sindicatos CCOO, UGT, CSIF y Cemsatse.

José Manuel Uncio, entonces secretario general de Hacienda, explica que la Administración Central ha decidido congelar los salarios a sus empleado públicos. Uncio expone que el anteproyecto de los presupuestos de la Generalitat para 1997 se ceñía a 'los límites establecidos por el Gobierno central' en materia retributiva.

Según el acta de la reunión, el secretario general de Hacienda 'recuerda que en ocasiones semejantes en anteriores ejercicios, han sido impugnados los acuerdos tomados por las administraciones que se han separado del criterio limitativo estatal por tratarse de materia vinculante'. Uncio alude al proceso de convergencia monetaria con la Unión Europea para justificar la congelación salarial y, a modo de disculpa por la directa aplicación de la imposición gubernamental, comenta: 'Aunque la Administración es consciente de que se trata de medidas tremendamente restrictivas'.

Los representantes de UGT van directos al grano. 'Ello supone que la Administración tiene previsto romper el acuerdo' salarial alcanzado con los sindicatos para el trienio entre 1995 y 1997.

Ripoll recurre entonces al mismo argumento que ahora utiliza el Gobierno central en su recurso contra la sentencia de la Audiencia Nacional: 'El gobierno valenciano tiene previsto cumplir la ley de presupuestos, por lo que dicho acuerdo no puede anteponerse a la ley'.

Los represenatantes de CCOO denuncian la imposición de la Administración: 'La forma cómo se traen las retribuciones a la mesa general de negociación y el fondo que se plantea supone un rompimiento de las negociaciones, además de un incumplimiento de la ley. Difícilmente se puede llegar a acuerdos cuando se parte de la congelación salarial de forma unilateral'.

Los delegados de CSIF subrayan la incongruencia de la decisión. Según el acta: 'CSIF muestra su sorpresa ante las declaraciones del secretario general de la Consejería de Hacienda que rompen el principio de seguridad jurídica y lleva a la duda sobre quién sería el interlocutor válido en las negociaciones sobre materia retributiva, ya que si se llega a acuerdos que después son incumplidos al amparo de la ley de presupuestos, ello nos lleva a concluir que dicho interlocutor válido serían las Cortes'.

El argumento resulta decisivo y, según el acta, Uncio recurre a los supuestos agujeros financieros descubiertos por el PP a su llegada a la Generalitat para defender la congelación.

El ambiente se caldea. UGT alude a una 'reducción de retribuciones'. CCOO denuncia cómo 'se está poniendo en juego la credibilidad de las negociaciones'. Y sube el tono: 'El gobierno valenciano, si es que lo hay, debe dar un paso adelante: cumplir el acuerdo y si se impugna, ya se verá'.

Ripoll interviene de manera tajante: 'Hay un gobierno valenciano y cumple las leyes'.

UGT replica: 'Si cumplen las leyes, que se cumplan los acuerdos'. Y solicita que conste en acta una interpelación directa: '¿Va a haber congelación salarial para todos los empleados públicos de la Generalitat, para los 80.000 trabajadores? Ello sólo admite una respuesta concreta'.

Son las 12.45. Un representante de Cemsatse abandona la mesa para acudir a una concentración.

'CSIF incide en la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos', sigue el acta.

Ripoll sugiere pasar a otro punto y provoca una reacción airada de CCOO: 'Si se toman acuerdos y no se cumplen, se está perdiendo el tiempo'.

Tanto UGT como CCOO exigen a la Administración que ponga sobre la mesa la masa salarial objeto de negociación. Uncio dilata los plazos para ofrecer la masa salarial y los sindicatos sugieren que oculta datos. 'No es competencia de los sindicatos el funcionamiento contable' de Hacienda, replica Uncio y Ripoll opta por suspender la reunión. Son las 13.40 horas.

Ayer, cuatro años y medio después, UGT y CCOO exigieron al Consell que actúe con la misma diligencia y seguidismo hacia el Gobierno central que entonces y asuma que la sentencia de la Audiencia Nacional repercute directamente sobre los empleados públicos de la Generalitat. En palabras de Manolo Picó, de CCOO: 'Eduardo Zaplana y Vicente Rambla toman la actitud de don Tancredo a ver si pasa el vendaval, pero el Consell tiene que mover pieza y responder a un problema que vino impuesto desde Madrid'.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 10 de febrero de 2001

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