Rambla reitera que no ha sido instado a ejecutar la 'sentencia de los funcionarios'

El consejero de Economía, Hacienda y Empleo de la Generalitat, Vicente Rambla, señaló ayer, respecto a la sentencia de la Audiencia Nacional que obliga al Estado a pagar atrasos a los funcionarios desde 1994, que la Administración autonómica valenciana 'no ha tenido comunicación de ninguna resolución judicial fruto de ningún recurso que se le hubiera planteado'. Mientras, el grupo parlamentario de Esquerra Unida anunció una proposición no de ley en las Cortes Valencianas reclamando que la Generalitat haga efectiva la sentencia, dado que el Consell suscribió en 1995 un acuerdo con los funcionarios en el que se comprometía a mantener el poder adquisitivo de los empleados públicos.

Rambla explicó que 'no existe una mesa propiamente' para aplicar la decisión de la Audiencia Nacional, porque a la Generalitat no se le ha instado a que ejecute ninguna sentencia, ya que no es de aplicación directa para la misma'. No obstante, el consejero aclaró que 'el que se hayan dado presupuestos de hecho similares en otras Administraciones públicas no quiere decir que no pudiera en su momento llevar aparejadas resoluciones parecidas, pero eso no se ha producido'. Así, indicó que la sentencia es fruto de un recurso presentado frente a la Administración del Estado, 'pero nosotros no somos Administración del Estado, igual que no lo son las corporaciones locales que hubieran hecho lo mismo'. Respecto al escrito presentado el miércoles por los sindicatos CC OO y UGT ante la Consejería de Administraciones Públicas reclamando a la Generalitat el pago de los incrementos del IPC del periodo 1995-97, Rambla señaló: 'Quiero deslindar el ámbito procesal de esta actuación, de la reivindicación tradicional que puedan tener los sindicatos, ya que esa reivindicación la podían haber hecho hace cuatro meses porque la situación es la misma'.

Iniciativa de EU

Respecto a la iniciativa de EU, su portavoz en las Cortes, Joan Ribó, recordó que el 27 de enero de 1995 la Generalitat valenciana, presidida en aquel momento por el socialista Joan Lerma, firmó un acuerdo 'totalmente paralelo, sobretodo en lo referido a las cuestiones de retribución, al firmado a nivel estatal', y con 'algunos aspectos que incluso lo mejoraban'. La iniciativa que presentará este grupo parlamentario recoge, dijo Ribó, que 'si la sentencia es definitiva, el Gobierno valenciano se debe comprometer a cumplirla en la Administración pública valenciana', es decir 'a cumplir un acuerdo que firmó un presidente de la Generalitat'. Este acuerdo, explicó, finalizaba en 1997 y el Gobierno presidido por Eduardo Zaplana, en los presupuestos de 1997 'no lo respetó'.

La cuestión 'de fondo', indicó Joan Ribó, 'tiene mucho sentido' y se centra en saber 'si tiene o no sentido la negociación colectiva' que está 'puesta en cuestión'.