El juez Garzón imputa por fraude a un ex cargo del Gobierno y a 41 cultivadores de lino

El magistrado asegura que citará a declarar a los 42 imputados cuando resuelva sobre las otras peticiones formuladas por el fiscal, previsiblemente la próxima semana.

La vicepresidenta de la Comisión Europea y ex ministra de Agricultura, Loyola de Palacio, puntualizó ayer que no ha declarado en ningún momento que 'el control del fraude estuviera delegado en una comisión de coordinación de la FEGA [Fondo Español de Garantía Agraria] y las comunidades autónomas, competencia que viene atribuida de forma exclusiva y excluyente a las comunidades autónomas -como quedó sentado en la sentencia del Tribunal Constitucional 72/92 de 28 de mayo-, teniendo el FEGA únicamente la competencia para coordinar'. De Palacio añadió que 'la comisión a que se refería la información era de puesta en común para la mejor coordinación de la política agraria, sin ninguna otra capacidad ni competencia'.

Responsabilidad

Por su parte, el comisario de Agricultura, el austriaco Franz Fischler, aseguró ayer en el Parlamento Europeo que es el Gobierno español el que debe responder ante la Comisión Europea del fraude del lino registrado en España durante las campañas 1997/98 y 1998/99, época en la que Loyola de Palacio era ministra de Agricultura. 'Nuestro interlocutor es el Ministerio de Agricultura', señaló el comisario.

Fischler hizo ese comentario sólo cinco días después de que la propia De Palacio insistiera, tras declarar ante el juez Baltasar Garzón, que ve muy difícil que las responsabilidades puedan llegar al Ministerio de Agricultura porque las comunidades autónomas afectadas, con competencias para perseguir el fraude, no le daban información de lo que estaba ocurriendo. 'Si ha habido incorrecciones, como al parecer ha ocurrido, corresponde a las autoridades españolas pasar la responsabilidad a las comunidades autónomas, pero ése no es nuestro cometido', precisó Fischler, quien recordó que la oficina antifraude de la UE (la OLAF) elabora un informe sobre el fraude registrado.

En su intervención, el comisario Fischler arremetió contra la actitud mantenida por los Gobiernos, aunque no citó a ninguno en concreto, por haberse resistido reiteradamente a endurecer los mecanismos de control sobre posibles fraudes en ayudas al lino. Así, recordó que ya en 1994 Bruselas detectó las primeras anomalías, por lo que en julio del año siguiente propuso una serie de 'sugerencias', que 'desgraciadamente' no fueron asumidas por los ministros de Agricultura de los Quince.

En febrero de 1996, y ante la sospecha de la existencia de cazaprimas dada la creciente superficie de tierras dedicadas al lino, la Comisión propuso que no se concedieran las ayudas sólo por cultivar esa planta, sino una vez que se hubiera comprobado que se cosechaba y se transformaba. También los ministros se opusieron en principio a esta fórmula, que finalmente la aceptaron justo al comienzo de la campaña 1997/98.

Pero, como relató ayer el comisario de Agricultura, la superficie dedicada a cultivar lino en España casi se multiplicó por nueve entre 1995 y 1998, por lo que Bruselas acabó imponiendo unas cuotas máximas de ese cultivo. Fue entonces, relataba ayer Fischler, cuando 'sorprendentemente' empezaron a producirse los reiterados incendios de producciones y de plantas de transformación, sobre todo entre abril y mayo de 1999, con lo que nuevamente fue difícil ejercer un riguroso control sobre las cosechas anteriores.