La rivalidad entre los partidos impide el consenso total del Parlamento sobre inmigración

Perales retó al secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, a mediar para 'convencer' a los alcaldes de su formación que gobiernan en alguno de los 42 ayuntamientos a los que va dirigido el decreto sobre alojamientos, entre ellos, el de El Ejido, Juan Enciso. La norma, aprobada en enero por la Junta y consensuada con el Ejecutivo central, pretende paliar la falta de viviendas dignas de los inmigrantes en Andalucía, donde están afincados unos 70.000 regularizados y alrededor de 20.000 sin papeles.

El déficit de alojamientos constituye, según Perales, una de 'las asignaturas pendientes' de las Administraciones, que contribuye al aislamiento social de los extranjeros. El consejero reprochó de forma implícita la escasa colaboración de los ayuntamientos a la hora de ceder suelo.

Perales anunció un decreto para regular el Foro Andaluz de la Inmigración, donde participen representantes de los inmigrantes y de la sociedad receptora, y conjuren el riesgo de que se reproduzcan brotes xenófobos. 'El Ejido es el fracaso de la política de integración y convivencia', enfatizó Perales.

Además del foro, Perales adelantó ayer en el Parlamento que presentará en un mes un plan integral para la inmigración, que recogerá todas las actuaciones en la materia que dependen de la Junta de Andalucía, como la asistencia sanitaria, educativa, la acogida de menores o los servicios sociales.

El titular de Gobernación, que tendió la mano al Ejecutivo para firmar un convenio marco que actuar en Andalucía, citó cinco grandes problemas a los que deben responder las administraciones en la región. Amén de la vivienda, Perales enumeró la existencia de 20.000 inmigrantes sin regularizar, la acogida humanitaria en las fronteras, la atención a menores inmigrantes -hay 1.200 en la red andaluza- y la integración social.

En debate, todos hablaron de la cooperación como condición indispensable para ofrecer respuestas efectivas, pero, en el caso de PP y PSOE, la rivalidad de ambas fuerzas pudo más. El debate alcanzó en ocasiones un tono bronco entre los portavoces del PSOE y PP, José Caballos y Antonio Sanz, quienes llegaron a echarse en cara los problemas para costear los enterramientos de inmigrantes en Algeciras.

Sanz exigió a la Junta mayor celeridad en sus políticas, ya que, dijo, la Administración andaluza se ha quedado rezagada respecto al Estado. 'Va a paso de tortuga', dijo. El popular afirmó que el debate parlamentario no era para criticar a la Ley de Extranjería, como habían hecho el resto de los portavoces, si no para discutir sobre las competencias de Andalucía.

Esta última aseveración dio pie a la intervención de Caballos, quien replicó que la sesión monográfica tenía como objetivo analizar la inmigración y las políticas de todos los poderes públicos. Lamentó que el PP no respondiera a la invitación al acuerdo formulado por su grupo y que de las 31 propuestas de resolución que presentaron los populares, 24 se refirieran exclusivamente a la Junta: 'Lo único que traen es una crítica al Gobierno andaluz, no salen de ahí; un debate como éste no era para arrojarse cosas unos a otros'. El socialista recordó que las competencias más importantes las tiene el Estado y calificó de reaccionaria la Ley de Extranjería.

IU pidió que el Parlamento inste al Gobierno a andaluz a promover un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Extranjería.

El andalucista José Calvó sacó adelante la propuesta de su partido de reclamar al Gobierno la atribución de un estatuto especial para Andalucía dentro del ámbito estatal y la UE.

El portavoz del grupo mixto, Pedro Pacheco, que también reprobó la Ley de Extranjería, llamó la atención sobre la negativa del Gobierno a regularizar el trabajo de los inmigrantes ilegales cuando a la demanda responde la oferta empresarial.