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Las condiciones fijadas por el Gobierno el viernes para autorizar la fusión de Endesa e Iberdrola, las dos primeras compañías eléctricas de España, desataron una rebelión entre los principales accionistas de esta última, que consideraron que la operación perdía todo su atractivo tras las exigencias del Ejecutivo. El presidente de Iberdrola, Íñigo de Oriol, comprobó que ya no disponía de apoyo suficiente entre los accionistas para sacar adelante la megafusión, lo que le forzó a abortar la operación.

A la negativa de la Bilbao Bizkaia Kutxa (BBK), el segundo accionista de Iberdrola, con el 7,5% del capital, y las reticencias del BBVA, primero, con el 10%, se sumó la falta de apoyo explícito de los fondos de inversión, tanto nacionales como extranjeros, alarmados por la pérdida de rentabilidad que suponían las fuertes limitaciones impuestas por el Ejecutivo al cobro de las ayudas a las eléctricas, los denominados costes de transición a la competencia (CTC).

Todo ello le quedó claro a Endesa, el otro socio de la operación, cuando el jueves a última hora tuvo acceso al real decreto que el Consejo de Ministros se disponía a aprobar el viernes, que limitaba la producción, la distribución y la comercialización de la eléctrica fusionada, amén de regular el cobro de los CTC y otros aspectos de la fusión. Endesa comunicó al Gobierno esa misma noche que, 'con estas condiciones, la operación no sale', según fuentes del consejo de la primera eléctrica española.

Los vuelcos en el sector eléctrico siguieron ayer cuando el Grupo Villar Mir mejoró su OPA sobre Hidrocantábrico, la cuarta eléctrica española, hasta los 25,8 euros por acción. Acto seguido, la alemana RWE lanzó otra por 26 euros.