El voto del presidente del Poder Judicial, clave para el conflicto con el Ejecutivo
Los 10 consejeros del Poder Judicial que propondrán hoy al pleno de este órgano que plantee ante el Tribunal Constitucional un conflicto contra el Gobierno por invadir sus atribuciones en relación con el indulto al ex juez Javier Gómez de Liaño consideran clave el voto del presidente, Javier Delgado, o su abstención, para obtener la mayoría necesaria. Recuerdan que en 1985 Delgado votó a favor de defender las atribuciones judiciales ante el Constitucional.
El vicepresidente del CGPJ, Luis López Guerra, uno de los 10 firmantes del escrito -sus-crito por consejeros propuestos en su día por el PSOE, IU y PNV-, expresó ayer a este periódico su confianza en 'la coherencia de todos los firmantes', así como en la posibilidad de que, como consecuencia del debate, se una o se abstenga el presidente o algún vocal más, con lo que se ganaría la votación y se plantearía el conflicto. Tras el reciente fallecimiento del vocal Marcelino Murillo, los miembros del CGPJ son 20 y para que el acuerdo sea válido bastará mayoría simple, esto es, más votos a favor que en contra.
López Guerra confirmó que en el pleno celebrado el 28 de mayo de 1985, Delgado, entonces vocal del primer CGPJ, que presidía Federico Carlos Sainz de Robles, intervino y votó a favor de plantear conflicto ante el Tribunal Constitucional en defensa de las atribuciones del Consejo frente a la decisión del pleno del Congreso de los Diputados de dos meses antes, de atribuir al Parlamento la elección de los 12 vocales judiciales del CGPJ.
Competencias del CGPJ
Aquel conflicto de atribuciones entre órganos constitucionales del Estado fue desestimado por el Tribunal Constitucional el 17 de abril de 1986. Entre otros argumentos de la sentencia del máximo intérprete de la Constitución, del que entonces formaba parte López Guerra, figuró que las atribuciones que el CGPJ reclamaba no eran suyas, sino del colectivo de jueces que había elegido en 1980 a 12 de los 20 vocales del primer Consejo, en cumplimiento de la ley entonces vigente y que la mayoría parlamentaria socialista modificó en 1985.
En cambio, el conflicto de atribuciones que la mitad de los miembros del CGPJ proponen plantear ahora, sí que se refiere, según explicó López Guerra, a las competencias que el CGPJ tiene atribuidas en materia de nombramiento y estatuto judicial, que el Gobierno pretende invadir al disputar al Supremo la aplicación del indulto al ex juez condenado por prevaricación, a fin de imponer al CGPJ su reintegro en la judicatura mediante el conflicto de jurisdicción.
Seis vocales del CGPJ propuestos por el PP presentaron ayer un escrito para el pleno de hoy en el que señalan que el conflicto anunciado por el Ejecutivo no invade competencias de este órgano de gobierno de los jueces, informa Efe. Se trata de Benigno Varela, Enrique Arnaldo, Margarita Retuerto, Manuel Damián Álvarez, Rubén Jiménez Fernández y Francisco Monterde.
El escrito señala también que 'el planteamiento extemporáneo ante el Tribunal Constitucional de un ficticio conflicto de competencias entre el CGPJ y el Gobierno supone negar la legitimidad al Tribunal de Conflictos para pronunciarse sobre la cuestión que se ha anunciado'.
Por otra parte, fuentes del Supremo recordaron que, una vez que, desde ayer, es firme el auto sobre el indulto a Liaño, el conflicto de jurisdicción no es planteable. Invocan el artículo 7 de la Ley Orgánica de Conflictos de Jurisdicción, según el cual 'no podrán plantearse conflictos de jurisdicción a los juzgados y tribunales en los asuntos judiciales resueltos por auto o sentencia firmes'.
