La mayoría de los extranjeros de Almería carece de vivienda digna, según el Defensor del Pueblo andaluz

Entre el 60% y el 80% de los alojamientos que ocupan los inmigrantes en Almería son infraviviendas que carecen de los servicios más esenciales. El dato, recogido en un informe presentado ayer por el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, revela que el déficit de viviendas dignas para el colectivo extranjero no se ha corregido en el último año, a pesar de figurar como uno de los compromisos adquiridos por las Administraciones después de los sucesos xenófobos de El Ejido.

El estudio achaca la proliferación de infraviviendas a 'la actitud de indiferencia de los poderes públicos y de parte de la sociedad de acogida, que no se ha preocupado de generar o garantizar un alojamiento digno en el espacio urbano'. En Almería residen alrededor de 44.000 inmigrantes (de ellos el 60% vive fuera de núcleos urbanos), que representan el 8,7% de la población. En esta sociedad 'pluriétnica' en la que coexisten más de cien nacionalidades, según el informe, 'la igualdad de derechos civiles y el multiculturalismo están lejos de ser una realidad'.

Manifiesto contra el racismo

Alrededor de 1.300 personas se han adherido al Manifiesto contra el racismo y la xenofobia y por la igualdad de derechos de los inmigrantes, que exige el cumplimiento de los acuerdos firmados en El Ejido, tras los disturbios racistas de hace un año, y el 'urgente establecimiento de medidas en la zona destinadas a suprimir la sobreexplotación laboral y la segregación espacial'.

Entre los firmantes del texto se citan escritores como el Nobel José Saramago, John Berger, Gilles Perrault, Juan Goytisolo o la argelina Salima Guezali, políticos como el coordinador de IU, Gaspar Llamazares, o José Bové, el agricultor francés que lidera las protestas contra la globalización. El manifiesto, que leyó ayer en Sevilla el cineasta Benito Zambrano, se enviará al Gobierno central y a la Junta de Andalucía. Durante el acto, el catedrático de Antropología Ubaldo Martínez denunció el 'ocultamiento' de los incidentes de El Ejido como una característica propia 'del racismo moderno'.

Según el manifiesto, los sucesos de El Ejido constituyeron 'uno de los mayores brotes de violencia racista ejercida contra colectivos de inmigrantes del Estado español' y contaron 'con el beneplácito de la autoridad local y la pasividad de las fuerzas de orden público'. Transcurrido un año, la situación 'continúa siendo explosiva (...) La mayoría de de los inmigrantes siguen expulsados del espacio urbano, malviviendo, sin que se vislumbren soluciones a corto plazo', dijo Zambrano durante la lectura del manifiesto.

El catedrático Javier de Lucas hizo hincapié sobre el silencio judicial que ha rodeado las denuncias de los inmigrantes tras los ataques que sufrieron. 'No podemos ser miembros de un Estado en el que hay no personas desde el punto de vista jurídico', censuró.