Normativa incumplida

La crisis de las vacas locas está demostrando que sólo si se investiga, si se busca, es posible conocer la realidad. Hasta noviembre, España estaba libre de la encefalopatía espongiforme bovina (EEB) simplemente porque apenas se analizaban reses y la selección de las que eran sometidas a la prueba de detección no siempre era la correcta. En el momento en que se han establecido controles sistemáticos, los casos han empezado a aparecer y se han encontrado más allí donde más pruebas se realizan: Galicia acapara, con seis casos confirmados y uno sin confirmar, la mitad de las vacas enfermas detectadas porque es allí donde se han realizado la mitad de los tests efectuados hasta ahora.

Algo similar está sucediendo con el cumplimiento de la normativa sobre sanidad animal. Según la respuesta dada el 18 de diciembre pasado por el Gobierno al diputado de Izquierda Unida Gaspar Llamazares, hasta esa fecha ninguna comunidad autónoma había descubierto 'infracciones en relación con la detección de la EEB'. Las infracciones han comenzado una vez que las autoridades comunitarias, primero, y las españolas, después, han desplegado el drástico plan de choque actual para controlar la enfermedad. Pero las normas tienen varios años y algunas de ellas son muy importantes para evitar la difusión del mal, como la prohibición de alimentar al ganado vacuno con harinas cárnicas. Es evidente que los mecanismos de control no han funcionado.

Ese incumplimiento ha sido la causa de la extensión del mal: dada su edad, a todas las vacas a las que se ha detectado el prión de la encefalopatía, excepto a una de 13 años, se les han tenido que haber suministrado piensos cárnicos cuando éstos estaban ya prohibidos.Haya sido el fabricante, el suministrador o el ganadero, en todos esos casos alguien vulneró las normas.

Durante años, el sector ha vivido en la impunidad, y eso es lo que explica que la Guardia Civil haya interpuesto 2.174 denuncias en las 2.730 inspecciones a instalaciones de todo tipo (desde granjas a almacenes y fábricas de piensos) realizadas entre el 19 de diciembre y el 15 de enero pasados. Tal nivel de incumplimiento de las normas ha sorprendido a todos y obliga a pedir responsabilidades a las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias de Agricultura, y al Gobierno por haber permitido que se llegara a una situación tan lamentable.

Es obligación de las administraciones públicas hacer cumplir las normas. Y aquellas que se elaboran para proteger la salud de los ciudadanos no pueden ser precisamente una excepción. En bien de los ciudadanos, desde luego, pero también en interés de todas las personas que viven de la buena marcha de ese sector.