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A DEBATE

La nueva batalla por el territorio

La propuesta de simplificación administrativa cuestiona el modelo levantado por CiU

Un fantasma recorre Cataluña, aunque ciertamente distinto al que Karl Marx auguró en 1848 para toda Europa: el fantasma de la reordenación territorial, a partir del informe de expertos coordinado por Miquel Roca, ex secretario general de Convergència Democràtica (CDC). El dictamen, que servirá de base para el debate en el Parlament, supone una revolución, que ha levantado una gran polvareda porque afecta a casi todos los municipios de Cataluña: el que no es inducido a desaparecer lo es a agruparse con otros, o a cambiar de comarca, o de provincia, rebautizada como veguería.

El informe, no obstante, va mucho más allá al entrar de lleno en el reparto mismo del poder entre las instituciones. Una nueva batalla por el territorio ha comenzado y en el horizonte está superar el modelo territorial nacido en 1987. Aquéllos eran tiempos de mayoría absoluta y CiU impuso, sin consenso, un modelo inspirado en su propia concepción de Cataluña, según la cual los ayuntamientos son vistos a menudo como un peligroso contrapoder para la Generalitat.

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Es, por tanto, el modelo territorial de CiU lo que está en juego, y de aquí que en sectores de la izquierda se vea el levantamiento de los pequeños municipios -en más de un 80% en manos de la coalición nacionalista- como un intento de desacreditar globalmente el informe. Otros ven en la revuelta -los municipios pequeños se juramentaron ayer en Bellaterra para combatir sin tregua el informe- una mano negra orquestrada por Convergència Democràtica (CDC) para desgastar a Josep Antoni Duran, uno de los promotores del dictamen. Lo que sigue es un inventario de algunos de los puntos más polémicos del texto:

- Pequeños municipios. La gran mayoría de expertos coincide en que el número de municipios de Cataluña es excesivo si quiere sacarse el máximo partido de los recursos públicos. El informe Roca sugiere que todos los municipios con menos de 250 habitantes se integren en entidades superiores, con lo que se pasaría de 946 a 758 municipios.

El umbral de 250 habitantes es poco ambicioso teniendo en cuenta que la mayoría de estudios fijan la viabilidad de los municipios entre los 2.000 y los 5.000 habitantes, según los casos. Pero también existen otras fórmulas de colaboración más allá de la fusión por ley. 'El territorio no se puede adaptar a las leyes, sino que las leyes deben adaptarse al territorio', reza una máxima de los geógrafos esgrimida por los contrarios a la propuesta de fusiones por ley.

- Poder municipal. El documento apuesta por aumentar el poder de los municipios a partir del principio de subsidiariedad. En otras palabras: más competencias para los municipios, que deberían ser cedidas por la Generalitat y el Estado.

- Comarcas. El informe sugiere crear seis nuevas comarcas, pero sobre todo propone reformar a fondo las estructuras de los consejos comarcales. El sistema de gobierno propuesto para estos órganos reduciría el peso de CiU porque la composición del consejo se establecería en función del número votos y no de concejales como hasta ahora.

- Área metropolitana. El informe supone el reconocimiento de una gran área metropolitana de Barcelona, que incluye el Vallès y el Maresme, en lo que sería la veguería de Barcelona. En la década de 1980, la institucionalización del área metropolitana fue un eje central del debate, que se zanjó con la desarticulación de la Corporación Metropolitana a instancias de CiU. Paradójicamente, algunos sectores del PSC ven hoy con reticencias el reconocimiento propuesto: una veguería equivalente a una gran región metropolitana de Barcelona resta sentido a algunas estructuras metropolitanas actuales controladas por este partido. Además, dicha región supondría reducir la extensión territorial que hoy abarca la Diputación de Barcelona, en manos de la izquierda desde 1979.

- Veguerías. El informe propone ampliar el número de provincias -de cuatro a seis-, lo que requiere una mayoría cualificada en el Congreso de los Diputados. La negativa del PP a la ampliación, no obstante, hace imposible que la propuesta, si llega a formularse, se apruebe en esta legislatura.

Los expertos sugieren recuperar para las provincias el nombre de veguerías, una palabra vinculada al imaginario del nacionalismo que tiene su origen en el siglo XII. Las veguerías fueron suprimidas en el Decreto de Nova Planta (1716), y la Segunda República recuperó este nombre de forma efímera, en plena guerra civil. Pero las veguerías que aparecen en el informe Roca son meras provincias con otro nombre.

La eventual creación de veguerías lleva asociado un proceso de descentralización de la Administración de la Generalitat que el Gobierno de CiU hasta ahora ha evitado.

Otro punto calientes relacionado con la propuesta es que no se establece una veguería para la zona del Alto Pirineo, en contra de la demanda de todos los partidos de izquierda, sino que meramente se reconoce su especificidad dentro de la veguería de Ponent. También es polémica la elección de Manresa, en lugar de Vic, como capital única de la Cataluña Central.

- Circunscripción electoral. Cualquier modificación del número de provincias tiene un efecto inmediato en las elecciones porque las provincias son la circunscripción electoral por mandato de la Constitución y el número de diputados y senadores asignados a Cataluña son fijos.

Los expertos sugieren distribuir los 46 diputados asignados a Cataluña para el Congreso entre seis circunscripciones en función de la población, pero mantienen provisionalmente el actual esquema de cuatro provincias para el Senado. Teniendo en cuenta que las elecciones al Congreso y al Senado se celebran el mismo día, la propuesta es, como mínimo, compleja.

Además, las veguerías predibujarían la circunscripción para la ley electoral catalana, un mandato del Estatut aún incumplido. La peculiaridad del actual régimen electoral hizo que Jordi Pujol siga en el Gobierno de la Generalitat, a pesar de que en las últimas elecciones el PSC obtuvo más votos que CiU.

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