Derecho flexible

Lo último que nos faltaba por ver es que, gracias a la sentencia de la Audiencia Nacional sobre los funcionarios, casi de un día para otro todos nos hemos convertido en juristas. La crisis de las vacas locas ya nos había hecho bastante duchos en biología animal, y muchos debaten sin ningún rubor sobre las consecuencias del uranio empobrecido sobre el cuerpo humano o, por poner un ejemplo menos coyuntural, sobre el efecto invernadero. No es que la ciudadanía se haya convertido en nuevo sabelotodo; ocurre, simplemente, que cada vez nos vemos más abocados a manejarnos con una mayor cantidad de conocimiento experto para poder pronunciarnos políticamente; para poder ejercer como ciudadanos. Es uno de los frutos evidentes de vivir en una sociedad compleja y tecnológicamente desarrollada.

Para compensar esta nueva necesidad es preciso un gran esfuerzo didáctico por parte de los medios de comunicación, que junto a la presentación de las noticias deben aportarnos también una honesta pedagogía sobre cómo interpretarlas. Y esto afecta también al propio Gobierno y la Administración, desde luego, obligados a entrar en una más íntima cooperación con quienes están en condiciones de ofrecer, en cada caso, las claves decisivas para poder comprender las cuestiones disputadas y hacerlas públicas después. Pero a la vista está que esto no es lo que ocurre. Toda hendidura abierta en el consenso técnico-científico es inmediatamente aprovechada en el debate político; se hace un uso puramente partidista del conocimiento experto. El saber sigue siendo poder, y quien sepa definir de forma más convincente los contornos de la realidad tanto mejor podrá avanzar sus intereses.

El problema más grave se plantea, sin embargo, respecto de aquellas parcelas del conocimiento experto cuyo pronunciamiento sobre la realidad va asociado a una decisión de consecuencias inmediatas. Es el típico caso de las sentencias judiciales. Por definición, debían excluirse de una posible instrumentalización política, aunque hoy asistamos a una peligrosa politización de la justicia y/o judicialización de la política. El tema es peliagudo y no se puede despachar en pocas líneas. El aspecto del mismo que ahora me interesa es el de la aparente flexibilidad en la interpretación que parece caracterizar al sistema judicial. En efecto, algo no debe andar muy bien en nuestro ordenamiento jurídico cuando sobre la sentencia de los funcionarios se han podido leer en la prensa hasta seis u ocho opiniones con argumentos y matices diferentes por parte de otros tantos expertos. Y ya suenan todas las señales de alarma cuando el destino de más de medio billón de pesetas de todos los españoles se hacen depender de sólo una de estas interpretaciones. Se dirá que son las reglas del juego, pero ¿qué juego es este que admite tan amplia variedad de posicionamientos hermenéuticos? ¿Puede flexibilizarse el derecho hasta el punto de hacerle decir lo que en cada caso vaya interesando a las partes en la lucha política?

Aquí se suscitan dos consideraciones de naturaleza distinta: la primera tiene que ver con la racionalización del propio ordenamiento jurídico. El espectacular aumento de las normas jurídicas en los últimos años no se ha visto acompañado de la consecuente eliminación de las antinomias que inevitablemente se filtran en el sistema; más que una acción de depuración impera un sistema de superposición de normas; y está por ver si el Tribunal Supremo está en condiciones de cumplir con su obligación de unificación de la doctrina. Ahí es quizá dónde el Gobierno debería impulsar una necesaria reforma. La segunda consideración afecta ya más directamente a la propia actitud del Gobierno ante las sentencias que no le satisfacen. Está dando demasiado la impresión de que le gustaría ver a Montesquieu vestido con uniforme de funcionario, a su servicio. Creo sinceramente que la posición del Gobierno sobre la sentencia de marras es la adecuada, pero no puede proceder a una directa descalificación del poder judicial; o despreciar de mano las legítimas expectativas de los funcionarios por ver frenada la aminoración constante de su poder adquisitivo. Debe limitarse a recurrir y, mientras tanto, negociar políticamente con los sindicatos y fomentar un debate sobre el valor que de verdad estamos dispuestos a atribuir a la función pública. Si es así, no hay conflicto que por bien no venga.