El Gobierno limita la fusión Endesa-Iberdrola

El Consejo de Ministros autorizó ayer, con condiciones más suaves que las recomendadas por el Tribunal de Defensa de la Competencia y, en menor medida, por la Comisión Nacional de la Energía, la fusión de Endesa e Iberdrola, la primera y la segunda eléctricas españolas que, unidas, controlan ahora un 80% del mercado de la electricidad. Si los consejos de administración de las eléctricas, que se reunirán el lunes por separado, aprueban la operación, la nueva compañía, se convertirá en la cuarta eléctrica del mundo por capitalización bursátil (36.500 millones de euros).

El visto bueno del Gobierno a la fusión, una semana antes de que se cumpliera el plazo fijado para aprobar o rechazar la operación -terminaba el día 9-, ha tenido en cuenta los informes no vinculantes de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y del Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC). El vicepresidente segundo y ministro de Economía, Rodrigo Rato, encargado de explicar la postura del Gobierno al término del Consejo de Ministros, defendió la fusión porque conllevará ventas de activos con las que aparecerán, al menos, dos nuevos operadores. En su opinión, la fusión beneficiará a la competencia, un hecho que, según señaló, constituye 'el principal objetivo del Gobierno'. Con este argumento, justificó que el Ejecutivo impidiera el pasado año otra fusión: la de Unión Fenosa e Hidrocantábrico. Según afirmó, aquella operación no preveía venta de activos y por lo tanto, no facilitaba la competencia.

El Gobierno exige para la integración de Endesa e Iberdrola que la nueva empresa no supere hasta junio de 2005 el 42% de la cuota nacional de generación (19.400 megawatios), lo que equivale a la capacidad que tiene ahora Endesa. Ese 42% es claramente superior al 35% que recomendaba el Tribunal de la Competencia.Tampoco podrá superar la nueva empresa el 48% del mercado de distribución. Esto supondrá traspasar 8,6 de los 18 millones de clientes con los que ahora cuentan. Tampoco podrán rebasar el 40% de la comercialización (distribución hasta los clientes) que contraten hasta enero de 2005. En comercialización, además, obliga a reducir hasta el 60% la cuota en aquellas zonas en las que tenga distribución, esto es, en Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura, Castilla La Mancha, Murcia, Navarra, País Vasco y Cantabria, además de los archipileagos.

Además, la compañía fusionada tendrá que vender su red de transporte de electricidad a un operador independiente; reducir del 20% al 10% su participación en Red Eléctrica, la compañía que gestiona la alta tensión y limitar su participación en Repsol YPF desde el 5% que controlan Endesa e Iberdrola a un máximo del 3%. A futuro, tendrán que vender los derechos de instalación de nuevas centrales de ciclo combinado ( con gas) que superen la capacidad autorizada a Iberdrola.

El Gobierno también exige que la desinversión de activos se haga por subasta, prohibiendo el intercambio de activos como defendían las empresas, y en un plazo que no supere los 14 meses. Para crecer, Endesa Iberdrola tendrá que comprar, no podrá cambiar cromos.

Las ventas de activos que tendrá que realizar la nueva Endesa Iberdrola -agrupados en una sociedad gestionada de forma independiente- se harán por 'lotes', según la expresión que utilizó ayer el vicepresidente segundo del Gobierno, Rodrigo Rato y deberán dejar espacio para que en el mercado español compitan, al menos, otras dos compañías eléctricas. Un Comité de Vigilancia formado por profesionales independientes supervisará la gestión de los negocios de Endesa e Iberdrola para evitar colusiones. La luz verde a la gran fusión eléctrica supone un pistoletazo de salida para la reordenación del sector eléctrico, que contará con un mínimo de cinco compañías.

El Ejecutivo aprovechó esta circunstancia para modificar la normativa sobre los costes de transición a la competencia (CTC), lo que supone volver a la regulación de 1997. Por real-decreto elimina el 4,5% que incluía la tarifa eléctrica para compensar esos costes -'el billón de las eléctricas'- que cuestiona Bruselas. Esto significa que las eléctricas no podrán cobrar por adelantado, como estaba pactado, un billón de los más de 1,6 previstos. Pero el recibo de la luz no bajará por esta decisión.