La Comisión Paritaria no resuelve el déficit del CMH

El proyecto de ley del PP ratifica la disolución del CMH, aprobada por ley de la Generalitat el 3 de diciembre de 1999. En la trayectoria del CMH se mezclan la lucha de poder de los partidos mayoritarios, intrigas políticas internas, injerencias de consejeros autonómicos, la voracidad competencial de la Generalitat y el boicoteo sistemático de Rita Barberá. La crisis de las basuras durante el bienio 1997-98 y la asfixia económica a que se vio sometido el CMH en los últimos años, cuestionaron su viabilidad. El control del ente por el PSPV-EU tras las elecciones de 1999 fue la gota que colmó el vaso. A partir de ese momento, el entonces consejero de Justicia y Administraciones Públicas, Serafín Castellano, inicia el proceso de supresión del organismo, que culminó con la creación de una Comisión Paritaria para gestionar su liquidación. Dicha comisión, presidida ahora por el consejero Carlos González Cepeda, otorga la mayoría al PP.

Con la disolución del CMH, y transferida la competencia del agua a la futura Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos, el Ayuntamiento de Valencia tendría las manos libres para imponer el precio de la tasa de agua a L'Horta, controlar las potabilizadoras de Manises y Picassent, y renovar sin más trabas judiciales la concesión del servicio en 2002 para 50 años más, un negocio que según los expertos moverá medio billón de pesetas hasta 2052.

Por otra parte, la Comisión Paritaria tampoco ha solucionado la inestabilidad económica del organismo. Dado que la Generalitat no aporta dinero para gastos corrientes, las deudas firmes y el déficit se mantienen. En noviembre de 2000, los ayuntamientos adeudaban 975 millones por servicios de tratamiento de reíduos sólidos urbanos, depuración de aguas y gastos generales. Por este motivo, la Comisión Paritaria aprobó el pasado 4 de enero un requerimiento de pago de la deuda a 16 ayuntamientos y a la Mancomunitat de L'Horta Nord. Además, la Comisión ha tenido que recurrir de nuevo a créditos bancarios para evitar la suspensión de pagos. En 2000 se renovaron dos operaciones de tesorería con el Banco de Valencia por valor de 600 millones para hacer frente a los gastos de funcionamiento, y además se han tenido que pagar 63 millones por intereses de demora. Además, Fervasa cerró los dos últimos ejercicios económicos con un déficit de 700 millones, y las pérdidas de Emarsa en 1999 llegaron a 102 millones.

Aparte, la Generalitat tiene pendientes en los tribunales varios contenciosos interpuestos por el PSPV y EU tras la disolución del CMH. Una reciente sentencia dicta que es ilegal el actual consejo de administración de Emarsa y confirma que los consejeros legales son los nombrados en octubre de 1999 por el CMH. A ello se suma a una batería de recursos de inconstitucionalidad contra la supresión del CMH presentados por los ayuntamientos socialistas ante el Tribunal Constitucional.