Consideraciones sobre el déficit democrático
España acaba de celebrar los 25 años transcurridos desde la muerte del dictador, el general Franco, y los comienzos de lo que felizmente se ha convertido en el primer régimen democrático estable de toda su historia. Como sabe cualquiera que haya leído mis artículos en las últimas dos décadas, frecuentemente he celebrado esa gran transformación, se tratara o no de conmemorar el quinto, el décimo, el vigésimo o el vigesimoquinto aniversario. Pero también, desde finales de los ochenta hasta hoy, y especialmente en los últimos años, me ha parecido que había grandes deficiencias en la conducta de los gobiernos españoles que antes o después podrían llegar a minar el considerable progreso conseguido en la década siguiente a la muerte de Franco.
Dado que hoy en día prácticamente todos los gobiernos y partidos se llaman a sí mismos democráticos (un gran tributo al prestigio mundial de ese ideal), comenzaré definiendo lo que yo entiendo por democracia en un Estado contemporáneo y económicamente desarrollado. Un gobierno democrático, sea cual sea su particular estructura judicial y burocrática, asume de buen grado las siguientes responsabilidades:
1) Libertad personal y política total para sus ciudadanos; cosas como elecciones libres y periódicas, con un cómputo honrado de los votos; libertad total de discurso, publicación y expresión en todos los medios audiovisuales; justicia rápida, sin cohecho o tortura, en tribunales cuyos procedimientos son transparentes; y control civil de las fuerzas militares.
2) Una economía con normas de procedimiento conocidas y cuentas transparentes tanto en el sector público como en el privado.
3) Mantenimiento de las instituciones básicas del Estado del bienestar: asistencia sanitaria, educación, prestaciones por desempleo y pensiones de jubilación.
4) Atención respetuosa al equilibrio constitucional entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.
En el caso de España, ha habido al menos otros tres importantes cometidos que añadir a la lista:
1) Encontrar una solución de consenso a la relación política entre el País Vasco y la monarquía constitucional, y al terrorismo, que desde el principio ha sido la única gran amenaza para el futuro democrático de España en su conjunto.
2) Descentralización de la administración y establecimiento de una relación de consenso con las nacionalidades periféricas, las autonomías y los municipios.
3) Una solución práctica y humanitaria para la inmigración a gran escala, un fenómeno completamente nuevo en la experiencia española moderna.
A mí me parece que los gobiernos parlamentarios desde 1977 tienen un expediente bastante bueno en materias como la libertad política, el control civil, las modestas, aunque no plenamente satisfactorias, mejoras en el comportamiento policial, la sanidad pública y la educación elemental; y también en el reconocimiento de la diversidad nacional/cultural de España y en el avance hacia la descentralización. Todo esto ha creado una justificada confianza en el empeño democrático de un pueblo que, con la excepción de los cinco cortos años de la Segunda República, ha estado sometido durante todo su pasado a gobiernos aristocráticos y frecuentemente autoritarios.
Permítanme ahora pasar a los principales defectos de los gobiernos posteriores a Franco, más o menos por orden de aparición. A partir de 1978 quedó ya claro que ETA había dejado de ser fundamentalmente antifranquista y que se oponía a la España democrática tanto como a la España dictatorial. La reticencia de los nacionalistas vascos a condenar a ETA y la reticencia del gobierno francés a tratarla como una organización terrorista condujo a los gobiernos de UCD y posteriormente a los del PSOE a utilizar a policías corruptos y asesinos a sueldo en una guerra sucia diseñada para eliminar a los terroristas. Como sucede en todos los países capitalistas democráticos, y España no es una excepción, los delitos de un gobierno de izquierdas reciben mucha más publicidad que los de la derecha o el centro, y por lo tanto el terrorismo estatal, que fue aproximadamente el mismo en la época de UCD que en la del PSOE, se ha atribuido abrumadoramente al PSOE.
Un segundo defecto importante es el no haber conseguido desarrollar una economía realmente competitiva y transparente en el sector privado. En realidad, en España existe lo que en reuniones de Singapur, Malaisia, Indonesia o Corea se ha denominado indulgentemente 'capitalismo de amiguetes'. El PSOE tenía muy pocas personas con los conocimientos y las conexiones familiares suficientes para influir en el sector privado. Cometieron muchos errores nombrando a personas que, dependiendo del caso, resultaron ser o bien incompetentes, o bien hábiles o patosos ladrones de guante blanco. Los gobiernos de CiU en Cataluña y del PP en Madrid y diversas autonomías han producido más escándalos financieros de los que uno podría enumerar en un artículo corto, pero el denominador común es el 'amiguismo', la constante interconexión entre las amistades personales y familiares, y la distribución de recursos económicos públicos o privados del área en cuestión como si fueran propiedad incuestionable de una oligarquía patrocinada por el gobierno. En el escándalo del lino y respecto a los problemas de salud presentados por las vacas locas, el gobierno restó importancia a la realidad de ambos problemas hasta que la UE lo llamó al orden. La transparencia y la integridad no parecen tener papel alguno a la hora de abordar las cuestiones económicas y sus implicaciones.
Un tercer problema ha sido la constante tendencia del ejecutivo a dominar al legislativo, y más recientemente, también al poder judicial. Ninguna de las legislaturas desde 1978 han disfrutado el tipo de debate vivo y constructivo tan normal en los parlamentos de Europa del Norte y en el británico. Todos hemos oído hablar del 'rodillo' socialista de los ochenta, pero no era nada comparado con el comportamiento que últimamente ha tenido el PP. Cuando el entonces recién elegido líder de la oposición socialista, José Borrell, hizo las preguntas pertinentes al Presidente, en la emisora que yo escuchaba sonó como si un grupo de fanáticos del fútbol hubiesen invadido las Cortes, pero resultó que eran simplemente los diputados del PP. El primer gobierno del PP también intentó destruir a los principales medios de noticias independientes, EL PAÍS y Canal Plus, con una serie de acusaciones carentes por completo de fundamento. Afortunadamente, los tribunales rechazaron esas acusaciones sin valor. Pero el gobierno se había asegurado los servicios de un juez que posteriormente fue condenado por prevaricación continuada en la causa, y el mismo gobierno ha ejercido su derecho de indulto a dicho juez e intentado invalidar la decisión judicial restaurándolo de nuevo en la carrera judicial.
Un problema similar ha surgido a raíz de la reciente sentencia judicial que establece que el gobierno del PP no tenía derecho en 1997 a negar a los funcionarios las subidas salariales que formaban parte de un acuerdo de cuatro años firmado por el gobierno de González. Las cuestiones jurídicas se pueden interpretar de formas diferentes, pero lo que está más claro que el agua es que el gobierno anunció que simplemente no cumpliría el acuerdo ni negociaría uno nuevo en aquel momento. Cuatro años más tarde están intentando encontrar jueces que confirmen su manera de actuar totalmente arbitraria.
Respecto a la inmigración, el gobierno se ha visto abrumado por problemas para los que no estaba preparado. Algo que muy bien le podría haber causado problemas a un gobierno del PSOE. Hemos sabido, desgraciadamente, que un amplio porcentaje de los españoles son racistas, no principalmente contra los negros, como en Estados Unidos, sino contra los gitanos, los norteafricanos y los 'sudacas'. Pero la economía española necesita a los inmigrantes. El PP no creó las necesidades económicas ni el racismo. Pero ciertamente ha empeorado el problema al utilizar su mayoría absoluta y la revisión de la Ley de inmigración del año 2000 para reducir los derechos y las oportunidades de los inmigrantes. En la actual crisis relativa a los ecuatorianos indocumentados, no hay explicación racional para la insistencia en que los inmigrantes regresen a su país de origen para obtener visados válidos, en lugar de solucionar el problema a través de la embajada ecuatoriana en Madrid.
Volviendo al más grave de todos los problemas políticos, la cuestión vasca, el gobierno ha optado por denostar al PNV, o a lo mejor es psicológicamente incapaz de hacer otra cosa. Pero independientemente de lo mucho que le enfurezcan a uno los asesinatos de ETA, e independientemente de lo mucho que el PP o el PNV recelen (con razones plausibles) de los motivos del otro, no puede haber solución política sin unas negociaciones largas, intensas y honestas que abarquen a todos los partidos existentes que se han comprometido a utilizar medios no violentos. Los motivos y las quejas tendrán que ser discutidos a fondo, cara a cara, como parte del proceso de negociación. Y el comienzo de ese proceso se ha hecho mucho más difícil por la reciente acción de condecorar a un torturador franquista, Melitón Manzanas, en cumplimiento de la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo. El gobierno puede afirmar que tenía que conceder la condecoración porque Manzanas fue de hecho asesinado por ETA. Pero como apuntó Marc Carrillo en un artículo reciente (La condecoración ignora la Constitución, EL PAÍS, 25 enero), el Art. 15 establece que la tortura es absolutamente inadmisible, y el honrar a alguien de quien se sabe que ha sido torturador atenta contra la Constitución que el gobierno afirma estar defendiendo.
Las conclusiones que yo saco de los hechos de los que he dado una pequeña muestra en las líneas precedentes, son que España disfruta ahora de completa libertad política y personal (si dejamos aparte al aterrorizado País Vasco), que tiene una Constitución excelente que cuenta con un amplio apoyo, y que mantendrá y muy probablemente mejorará las características básicas de su Estado del bienestar y la devolución de competencias a las autonomías y los ayuntamientos. Cuando los socialistas estuvieron en el poder hubo poco debate parlamentario significativo y mucha corrupción. Con el PP en el poder ha habido esfuerzos concertados, aunque afortunadamente sin éxito, para destruir la prensa libre, esfuerzos concertados y en gran medida con éxito para esconder sus propios casos de corrupción, un esfuerzo concertado por situar la economía en manos de una oligarquía al tiempo que se habla de 'competencia', y un esfuerzo concertado por reducir las competencias de los poderes legislativo y judicial. La economía oligarca, y los esfuerzos para concentrar toda la autoridad real en manos del ejecutivo, constituyen peligrosas deficiencias de la democracia actual.
Gabriel Jackson es historiador.
